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La destrucción del empleo genuino y registrado, coronado brillantemente durante el menemismo, fue el dramático origen de los planes sociales. Ideados para sostener a millones de personas relegadas por el sistema a una situación social y humana fronteriza, utilizados para disciplinar a partir del hambre y, además, para contener la ruptura de la paz social por pura desesperación. Una paz social siempre sostenida con alfileres. En Olavarría fueron más de 36 mil los planes entregados y 4000 las familias cubiertas por la tarjeta Alimentar entre junio de 2020 y junio de 2021. En el país, se emiten 22 millones de cheques mensuales (estudio del Instituto para el Desarrollo Social Argentino) por 141 planes de asistencia.

El debate de estos tiempos, que asomó la nariz durante la campaña pero no llegó a ser medular, tiene diversas miradas. Hay quienes sostienen que los planes deben dejar de existir llanamente, sin alternativas. La apreciación desconfiada hacia la pobreza implica que se afirme livianamente que las chicas se embarazan para cobrar la AUH y que hay una porción importante que vive de los planes y quiere conservar el statu quo por vagancia. Esa porción es individualizada como los planeros o, peor, choriplaneros.

A la vez, hay quienes sostienen que los planes deben languidecer al mismo ritmo de la creación de empleo sostenible. Ese es el desafío estructural que debe asumir quien gobierne. Mientras tanto, millones de personas son rehenes de un sistema que los excluye.

De junio a junio

De los números oficiales de la delegación Olavarría de ANSeS surge que el aporte corriente del organismo a la ciudad es de 974 millones de pesos. Sin embargo, durante el año de la pandemia subió a 1.344 millones. Casi el 65 % más.

ANSes sostiene a 23.341 jubilados y pensionados, paga 3605 pensiones no contributivas y 443 pensiones universales para el adulto mayor (PUAM), creadas por el macrismo cuando quitó las jubilaciones para gente que no pudo totalizar sus aportes porque se quedó sin empleo y que no llegan ni siquiera a la mínima (18 mil pesos).

La AUH, la prestación por desempleo, el Progresar, el programa Hogar, el Potenciar Trabajo y la tarjeta Alimentar llegan a 13.604 beneficiarios en Olavarría.

7257 niños están cubiertos por la AUH (4.040 pesos) en Olavarría: son 4236 titulares. Es decir, familias que no alcanzan a tener dos niños en promedio. Estos números son comunes para todo el país, lo que desarma el mito de que las mujeres se embarazan para cobrar este derecho. El promedio nacional es de 2,8 hijos por persona que recibe la AUH. El 80% de las madres tiene entre uno o dos hijos. El 93,3% tiene menos de tres. Con cuatro hijos, sólo el 4,6% de las familias.

Cubiertas con la prestación por desempleo de ANSeS (entre 7500 y 12.500 pesos) hay 688 personas en Olavarría. Bajo la órbita del plan Progresar, un programa de apoyo a estudiantes, 1750. Se cobra entre 4600 y 9700 pesos, según cursen una carrera "estratégica" o no.

El programa Hogar (que cubre el acceso a las garrafas en un 80%) alcanza a 2030 personas. El Potenciar Trabajo (15.000 pesos por una contraprestación efectiva en comedores, merenderos, construcción, comercio popular, agricultura familiar, etc.) llega a unas 900 personas.

La tarjeta Alimentar cubre con al menos 6000 pesos (aumenta según la cantidad de hijos) a 4 mil familias de Olavarría. Tanto este programa como el Potenciar Trabajo dependen del Ministerio de Desarrollo Social y no de ANSeS.

Más del 70% de los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo cumple con una contraprestación. Durante el gobierno de Mauricio Macri los planes de empleo se multiplicaron de 100.000 a 250.000, como una muestra clara de lo que implicaron para el trabajo genuino las políticas llevadas adelante entre 2015 y 2019. De un estudio del Centro de Estudios Políticos y Económicos (CEPEC) surge que "entre noviembre de 2015 y noviembre de 2019, 234 mil trabajadores perdieron sus empleos asalariados en empresas privadas".

La cantidad de planes durante el macrismo –sector político que ha renegado de ellos públicamente-, saltó de 245 mil a 500 mil, según un informe de Santiago Fioritti en Clarín.

La pandemia

Nueve millones de personas se anotaron en 2020 para cobrar el IFE, en medio de la pandemia. Y el gobierno dijo haberse enterado en ese momento de que había nueve millones de personas en estado de incertidumbre y colapso laboral. Fueron 10 mil pesos durante tres meses. El cuarto IFE, en medio de una discusión entre el Ministro de Economía y otros sectores de la coalición Frente de Todos, naufragó. El presupuesto de 2021 no contemplaba la pandemia. Que en la mitad del año llegó a tener 40 mil casos y 750 muertos diarios.

El 13,5 % de la población de Olavarría recibió el IFE. Un total de 16.260 personas: 478,1 millones de pesos.

Junto con el IFE llegó el ATP que, hasta diciembre, cubrió a 300 mil empresas con hasta 200 trabajadores. El estado se hizo cargo de un promedio del 64% del salario neto de cada una de ellas para evitar su cierre. El ATP cubrió 1.113 empresas locales y 9.854 trabajadores. Con un aporte de 763,5 millones de pesos por parte del estado.

Cuando se acabó esta cobertura, llegó el REPRO –actualmente vigente- que ayuda a las empresas con 9.000 pesos fijos por empleado. Son 80 empresas de Olavarría y 1259 trabajadores.

Planes y antiplanes

Entre ANSeS y los ministerios de Trabajo y Desarrollo Social se distribuyen unos 140 programas. El estado, según el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), reparte 22 millones de cheques en subsidios por mes. Pero nada alcanza. Hay casi 19 millones de personas pobres y para que una familia tipo no caiga en la pobreza necesita un ingreso de 68.359 pesos.

Una familia con dos niños puede acumular, en planes, dos AUH (8.080 pesos) un Potenciar Trabajo (15.000), una prestación por desempleo (oscila entre 7500 y 12.500 pesos; se puede promediar en 10.000) y la tarjeta Alimentar (9.000) pesos. Total: 42.080. Le faltan 26.000 pesos para un ingreso que zafe de la línea de la pobreza. Con este dinero deben pagar alquiler, servicios, alimentos, ropa, medicamentos, etc.

Es difícil vivir de los planes. Y no es un deseo para los que los reciben. Pese al discurso constante de quienes denuestan la supuesta vagancia construida alrededor de la tragedia social de millones.

Si el beneficiario consigue un trabajo registrado (con obra social, aportes jubilatorios, vacaciones, etc, una utopía en estos tiempos) no es una garantía de buen salario, continuidad e indemnización por despido. Pero se caen todos los planes. Que después, cuando se pierde el trabajo, es muy engorroso recuperar. Entonces, se piensa dos veces ante la posibilidad de un empleo registrado. Los beneficiarios de planes se inclinan por los trabajos ocasionales o changas, que no implican ningún tipo de cobertura. Un círculo vicioso muy lejos de convertirse en virtuoso.

Los antecedentes

El primer antecedente de un plan social fue la caja PAN alfonsinista. Desde 1984, se entregaron 1.500.000 de cajas alimentarias por mes en una cobertura que alcanzaba a cinco millones de personas.

Los planes se volvieron clara política de estado durante el menemismo: el célebre Plan Trabajar nació por 1996, a partir de las protestas de Cutral-Có y Plaza Huincul, en Neuquén, después de la privatización de YPF. Con el asesinato icónico de Teresa Rodríguez por parte de la policía, el menemismo tuvo que poner en marcha una maquinaria que contuviera el conflicto social que se venía.

El entonces gobernador de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, lanzó el Plan Barrios Bonaerenses.

En 1996 se otorgaron 118 mil planes. Nacían los cortes de ruta como única herramienta de visibilidad en manos de los confinados del sistema.

Después del derrumbe de 2001, Duhalde asumió la presidencia y creó el plan Jefas y Jefes de Hogar, que se extendió a 2.200.000 personas. Cada beneficiario cobraba 150 pesos por mes.

Veinticinco años ininterrumpidos de crisis abrumadoras y planes sociales que ahogan conflictos, han diluido la cultura del trabajo, la formación laboral y la esperanza en un trabajo que implique una promoción en la escala social. Nada de eso ocurre ya en el país.

Sí se extiende la demonización de los beneficiarios de los planes. Desde los sectores privilegiados se observa a la pobreza con recelo y sospecha. Los pobres tienen la culpa de serlo. Son responsables de no poder. No víctimas sino victimarios propios.

Una fotografía de la crueldad de los tiempos.