"Se habló en buenos términos" evaluó Miriam Velázquez, quien estuvo en la audiencia en representación de los vecinos al tiempo que señaló que "la gente quiere dialogar" para enfatizar en el rol que tendrá la Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida municipal, a través de su titular, Diego Robbiani.

En tanto, una fuente judicial consultada por EL POPULAR definió que "para el lunes tiene que estar todo resuelto". Se aclaró que ese día, en el caso de que todavía permanezcan familias en el predio, se concretará el desalojo compulsivo. En coincidencia con la representante vecinal, se indicó que la Provincia y el Municipio se comprometieron a resolver la situación de alrededor de una decena de familias que están en el sector, donde duermen en carpas.

Tal como se adelantó en este Diario, participaron de la audiencia autoridades provinciales, municipales, de la Defensoría del Pueblo de la provincia y de la UFI Nº 10 que encabeza el fiscal Miguel Piñeiro, que lleva adelante la causa por "usurpación" que denunció el intendente Ezequiel Galli el 6 de abril. Fue la primera audiencia con los protagonistas de la toma, dado que en la reunión previa que se realizó de manera virtual no hubo referentes de los vecinos a pesar de que lo habían solicitado explícitamente a través de notas. Tras esa reunión se resolvió llevar adelante un censo en el lugar, que se concretó pocos días más tarde.

El jueves por la mañana en el Palacio San Martín estuvieron el fiscal Piñeiro y el doctor José Iturralde, por la UFI 10; el secretario de Hábitat de la Defensoría del Pueblo, Alejandro Rusconi; el director de Regularización Dominial bonaerense, Roberto Perito; el secretario municipal Diego Robbiani y una representante de la Defensoría Oficial que representa a los vecinos en el caso penal. Asimismo, se habilitó la asistencia de cuatro representantes de los vecinos, entre ellos Miriam Velázquez.

Acuerdo

Según pudo saber EL POPULAR al cierre de la reunión, la Justicia estableció como plazo final para el desalojo de la toma el lunes por la mañana.

Las partes acordaron llevar adelante una "desocupación pacífica" con la intervención del "estado provincial y municipal" para atender los problemas sociales y habitacionales de las familias que permanecen en el predio.

Las autoridades municipales y provinciales enfatizaron que "el predio no es apto para habitar", con lo que no se entregarán terrenos a quienes están actualmente con carpas en el lugar.

En el proceso judicial se aplicó el "Protocolo de actuación judicial frente a ocupaciones de inmuebles por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad de la Suprema Corte", vigente desde hace dos años por impulso de la Suprema Corte provincial. Con ello se definieron y concretaron las audiencias, la intervención policial y el censo de vecinos.

El documento establece acerca de cómo debe hacerse el desalojo: "en horario diurno, no pudiendo instrumentarse cuando las condiciones climáticas sean adversas". Se dispone allí un plazo de dos horas para ejecutar el mandato judicial, y se agrega que "la fecha contenida en dicho instrumento siempre se fijará, como mínimo, dentro de un plazo que razonablemente brinde la posibilidad del retiro voluntario de los eventuales ocupantes". En este caso, será el lunes.

Asimismo, se resolvió también en el mismo protocolo que "la facultad de recurrir al auxilio de la fuerza pública deberá efectuarse con el mayor cuidado de la integridad física de las personas que ocupen el predio y de los bienes que allí se hallaren, debiendo acudir al uso de la fuerza solo en caso en que resulte indispensable y en la menor medida posible".

Asimismo se menciona la importancia de la presencia de asistencia médica y ambulancias en el lugar, y que deben estar presentes además funcionarios de las dependencias que trabajaron en la negociación con los vecinos.

"Puse mi palabra"

Miriam Velázquez habló con "Mejor de Mañana" por 98POP ayer acerca del resultado de la audiencia y consideró que la información que llegó a los vecinos en la toma tuvo un "malentendido". En ese marco explicó que "el acuerdo fue, en la reunión, que venía Diego Robbiani a hablar con la gente que estaba en el predio. Él iba a solucionar ese problema con la familia que están durmiendo ahí. Y después nosotros íbamos a salir".

Asimismo, añadió que el compromiso incluye también "un seguimiento de las familias que habían censado, iban a llamar a quienes tienen un problema habitacional". El objetivo planteado era brindar solución a quienes no tienen una vivienda actualmente.

La mujer, referente barrial en Lourdes, indicó que hay una decena de familias que siguen en el predio -"duermen en carpas" graficó- y subrayó que hasta ayer "nadie se acercó" para remarcar además que ella misma permanecerá. "Yo, como referente del barrio me voy a quedar con ellos porque puse mi palabra, hasta que se solucione este problema" dijo.

También señaló que parte del acuerdo es "retirar la denuncia penal" por usurpación.

Cabe recordar, por último, que desde principios de abril permanecen apostados en el sector móviles y personal policial en custodia, con corte del tránsito por avenida Trabajadores.