La investigación apunta a maniobras vinculadas al "cobro indebido por parte de agentes municipales de tasas y derechos a distintos contribuyentes". Según trascendió, las acusadas -cuya identidad se mantiene en reserva- habrían recaudado dinero y entregado documentación a nombre de la Dirección de Bromatología. Las víctimas serían numerosas, en su mayoría comerciantes de alimentos y trasnportistas de nuestra ciudad.

En junio pasado se informó oficialmente desde el Municipio que se había iniciado un sumario y se había asentado una denuncia penal contra las tres empleadas. Desde aquel momento se fijó una suspensión por 30 días en su puesto de trabajo, la cual se extiende mensualmente hasta la actualidad.

Así lo demuestran los decretos a los que accedió EL POPULAR a lo largo de 2017. En lo que va de este año ya se han emitido dos decretos en el mismo sentido, el último de los cuales, 179/18, fijó la suspensión en el trabajo hasta el 2 de marzo.

Las irregularidades que se investigan fueron denunciadas por la titular de Bromatología, Mirta Alcobedo. Las investigaciones que se llevan adelante están a cargo de Legal y Técnica del Municipio y de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 4, que encabeza la doctora María Paula Serrano.

Sumario

Se hizo saber que el Municipio lleva el caso con "secreto de sumario" y que están al frente de la investigación la directora de Asuntos Legales, Alejandra Malamud, y el asesor letrado, Juan Cruz Domínguez, como instructora y secretario de instrucción, respectivamente.

"Se trata de actos y hechos de personal del área de Bromatología que constituirían graves infracciones a sus deberes como empleados municipales y violaciones de las obligaciones a su cargo pudiendo constituir, de constatarse, delitos perseguibles penalmente y pasibles de sanciones disciplinarias administrativas" se informó en junio pasado desde la Municipalidad sobre el caso.

El decreto 1.276/17 del 6 de junio del año pasado, firmado por el intendente Ezequiel Galli y el jefe de Gabinete Dalton Jáuregui, toma en cuenta las "irregularidades denunciadas por la Directora de Bromatología en relación con el cobro indebido por parte de agentes municipales de tasas y derechos a distintos contribuyentes" para iniciar un "sumario administrativo" que investigue lo sucedido en relación a los hechos que involucran a las tres empleadas de planta permanente municipal.

Las acusaciones en el sumario iniciado se presentan como incumplimiento al Régimen de Empleo Municipal -se señala que "ante lo constatado" existen en principio "graves incumplimientos a la Ley N° 14.656"- y "posible comisión de faltas administrativas".

En los considerandos del decreto se informa que Alcobedo recibió "comunicaciones directas" de "transportistas y titulares de comercios dedicados al rubro alimenticio" en los que le informaban que "varias empleadas administrativas que se desempeñan en Bromatología habrían cobrado dinero directamente de quienes concurren a realizar trámites de habilitación de comercio, o análisis de los que se realizan en esa dependencia, o a habilitar o renovar los transportes de sustancias alimenticias".

Tras describir el procedimiento habitual para realizar los trámites, se sostiene que "las empleadas identificadas habrían procedido a emitir recibos apócrifos, que les entregaban a los contribuyentes o sus empleados a cambio del pago en efectivo realizado en la misma oficina de Bromatología, que no se encuentra habilitada para percibir".

También se describe que "las agentes habrían ofrecido ir a tomar muestras de agua y realizar los análisis como si fueran técnicas habilitadas". En este punto, se deja en claro que la tarea no está a cargo de las empleadas acusadas y que se constató que "nunca se realizaron análisis sobre las muestras de agua supuestamente tomadas por estas agentes".

A su vez, se señala que "los recibos extendidos (a las víctimas) no se corresponden con ningún recibo oficial, ni han sido autorizados por la Tesorería Municipal". De este punto, se desprende que la maniobra llevó a "inducir a error a los contribuyentes" y que "se habría producido perjuicio económico para el Municipio".

En el mismo decreto se plantea la necesidad de suspender a las acusadas de sus puestos de trabajo en el área de Bromtaología, ya que se considera que "por la gravedad de los hechos a investigar, resulta de evidente inconveniencia que las trabajadoras involucradas continúen prestando tareas en su lugar de trabajo por cuanto su presencia podría entorpecer la tramitación" de las actuaciones.

Con todos esos argumentos se dispuso la "suspensión preventiva" de las trabajadoras por 30 días. La medida se extiende hasta la actualidad, bajo la modalidad "con goce de haberes".

Penal

Semanas atrás, EL POPULAR contactó a uno de los denunciantes del caso quien comentó que fue nuevamente citado a declarar en diciembre por efectivos de la SubDDI local que encabezan las actuaciones. El comerciante, quien solicitó mantener en reserva su nombre, había prestado declaración en junio en la UFI Nº 4 y expuso que muchos de los denunciantes estuvieron en la misma dependencia policial para declararnuevamente, al igual que él.

El hombre, propietario de un local en barrio Independencia de nuestra ciudad, describió que fue víctima de una de las tres empleadas acusadas, quien se ofreció a "realizar análisis de muestras de agua" en virtud de un trámite que necesitaba completar en su comercio.

A raíz de conocer la situación de otros comerciantes en el sector, expuso lo sucedido a la directora Alcobedo quien dejó en evidencia que "me engañó" y que "era todo trucho", contó. El hombre expresó su "agradecimiento" a la directora de Bromatología quien, tras comprobar que había sido engañado, "me hizo hacer el análisis y gratis" dijo.