La iniciativa llega de la mano del diputado provincial del PRO, Daniel Lipovetzky, quien explicó que la iniciativa propone "una serie de exenciones fiscales para el sector, que atraviesa una fuerte crisis". El proyecto incluye a bares, restaurantes, confiterías o cafeterías, servicios de catering y salones para eventos.

Pero además, la propuesta pretende que no se pueda suspender o cortar los servicios públicos a los comercios afectados por la crisis.

A nivel local, el anuncio fue tomado con cierto grado de escepticismo. "Ojalá que eso no quede solo en el anuncio y que sirva de paliativo porque el sector que está mal", dijo el encargado de Brandi José Corbeira, quien el miércoles pasado contaba a este Diario sus impresiones respecto de las nuevas restricciones dirigidas al sector.

Tanto él, como Fabrio D’Onofrio (La Reina) y Martín Robledo (Raíces) exponían un escenario lleno de incertidumbres donde afrontar pago de servicios y absorber los sueldos del personal sin ningún tipo de ayuda estatal se hace en algunos casos insostenible.

Aunque "en nuestro caso no nos sería significativo dejar de pagar un impuesto municipal porque es ínfimo respecto de los montos que manejamos, sí nos alivianaría mucho la situación financiera el tema de las tarifas en los servicios", explicó Corverira.

Contó que hace unos 15 días debieron afrontar el pago de dos meses de atraso del gas y que ello repercutió en una demora en los pagos de sueldos. "Estábamos juntando el dinero para el pago del personal, pero nos cortaban el gas entonces tuvimos que redireccionar ese dinero. Después nos pudimos poner al día con los empleados".

Fabrio D´Onofrio por su parte, expuso que "más que emergencia lo que tiene que pasar es que el Estado ayude económicamente como lo hizo el año pasado. No cambia nada dejar de pagar algo cuando después tenés que pagar con intereses. Esto es como las cargas sindicales y cargas sociales u otros impuestos, salen moratorias que te siguen robando la plata".

En Olavarría, el sector tiene sus altibajos, pero no ha podido aún equiparar el ritmo de la actividad que tenía en pre-pandemia. La semana pasada, EL POPULAR reflejó la situación de bares de nuestra ciudad, luego de que el intendente Ezequiel Galli decretara su cierre a las 20 y el trabajo por delivery o take away hasta las 23.

Ahora, la alianza opositora Juntos por el Cambio impulsa un proyecto de ley para que en la provincia de Buenos Aires se declare al sector gastronómico en emergencia ante la pandemia de coronavirus.

Lo cierto es que ahora, la iniciativa del diputado provincial del PRO Daniel Lipovetzky propone "una serie de exenciones fiscales para el sector, que atraviesa una fuerte crisis económica" por la pandemia.

En diálogo con Télam, Lipovetzky explicó que el proyecto de ley de emergencia para el sector gastronómico en la provincia de Buenos Aires lo trabajamos con todas las Cámaras y representantes del sector gastronómico bonaerense".

Con restricciones y sin ayuda

Desde la semana pasada, y con el objetivo de reducir la circulación nocturna, el Ejecutivo local impulsó la iniciativa de cierre de comercios a las 20, inclusive bares y restaurantes. Solo quedan funcionando aquellas actividades esenciales, aunque el sector de la gastronomía podrá trabajar en formato delivery o "para llevar" hasta las 23.

"Ya no tengo de dónde sacar. Vendí camioneta, vendí un terreno, saqué de dónde no tenía para poder mantener este lugar que abrí hace diez años. Pero ya no puedo más", contaba hace una semana el responsable de la cantina Raíces, Martín Robledo.

Después de los anuncios del Intendente, La Reina cerró por 15 días. Uno de sus dueños, Fabio D’ Onofrio plantaba que a diferencia de 2020, "no tenemos ningún tipo de ayuda. No pudimos acceder ni siquiera a los Repro II (el programa lanzado para ayudar a las Pymes), eso implicaba recibir la suma de 12 mil pesos por empleado, pero no pudimos así que no tenemos nada y tenemos que afrontar el pago de sueldos y el 100% de impuestos y tarifas de servicios. De dónde sacamos el dinero si tenemos la caja en cero".

El proyecto de Juntos por el Cambio contempla a bares, restaurantes, confiterías o cafeterías y comercios de expendio de alimentos y/o bebidas para consumo dentro o fuera del mismo.

Además, incluye a quienes brindan servicio de catering y salones para eventos que no hayan podido desarrollar total o parcialmente sus actividades debido a las restricciones.

Con respecto a los servicios públicos, se propone que no puedan suspenderlos o cortarlos a quienes están demorados con el pago por el tiempo que dure la emergencia y que se les den facilidades para saldar las deudas.

Desde el bar que funciona en Pueblo Nuevo contaron que "no pretendemos que nos perdonen la deuda que tenemos, pero sí por lo menos que no valoren el corte del servicio. Nos pasó eso con Camuzzi, pero también con Coopelectric y para nuestro sector la luz, el agua y el gas sin indispensables. La iniciativa no resuelve el tema de fondo, pero por ahí nos daría un poco de alivio".