En ese contexto expuso dos situaciones que generan polémica en cuanto al cumplimiento de la concesión. Uno de ellos es el despido de dos empleados ocurrido a fines de octubre y el segundo señala la supuesta orientación de la empresa a aumentar su recaudación a través del cobro de multas cuando esto no era parte "del espíritu de la concesión".

Allí sostuvo que "habría retenidos en una sede municipal 34 mil actuaciones de quienes no accedieron al pago voluntario de multas que no se notificaron a los titulares". Sánchez dejó entrever que esta demora en el cobro se vincularía con las elecciones, preguntó cuál sería el mecanismo de cobró actual para estas infracciones y pidió que desde el Ejecutivo se responda a este planteo.