El proyecto de ordenanza para refrendar el decreto 2.566/20 que establece la prohibición de las "reuniones sociales" se mantiene en estudio en la comisión de Hacienda. Tal como adelantó EL POPULAR, se había enviado un pedido de informe al Ejecutivo el cual no fue respondido con lo que en la reunión del lunes no hubo avances para el expediente. Todos los bloques se mostraron predispuestos a estudiar el tema, y hubo importantes críticas al contenido del expediente legislativo, así como al del decreto que ya está en vigencia y comenzó a aplicarse a principios de este mes.

Este Diario consultó al presidente del interbloque Frente de Todos, Guillermo Santellán. Inicialmente dejó en claro que no integra la comisión de Hacienda, donde por estos días se debate el proyecto, aunque igualmente el tema se "leyó y analizó" en el bloque.

En cuanto al recorrido del expediente en el Legislativo, el concejal señaló que se mantiene en la comisión que preside Celeste Arouxet de Radicales en Juntos por el Cambio. Indicó que "hubo en el tratamiento de Hacienda algunos pedidos de aclaración porque el proyecto tiene inconsistencias que deben resolverse. Más allá de la discusión de fondo el decreto tiene muchos espacios vacíos que los concejales consultaron al Ejecutivo y no ha respondido".

Santellán enumeró las observaciones que el FdT planteó sobre el proyecto de ordenanza: "no hay una definición clara de cuál es el sujeto punible. No se sabe si la sanción es para el dueño de la casa, si hay una sanción solidaria, a qué tipo de reuniones se sanciona. Eso no está bien determinado, ni cómo es la sanción en el caso solidario".

"Así como está, el proyecto de ordenanza no se puede tratar en sesión"

La presidenta de la comisión, Celeste Arouxet (Radicales en Juntos por el Cambio), informó que si bien desde Juntos por el Cambio se pidió el pase a la comisión de Legislación, no se habilitó.

"No llegó la respuesta del Ejecutivo" explicó Arouxet en referencia al pedido de informe enviado la semana anterior para que se profundicen las explicaciones sobre la propuesta.

Durante la reunión, "todos los bloques dieron las observaciones que tienen sobre la ordenanza y sobre el decreto. Y se resolvió que en virtud de ir corrigiendo los errores vamos a tratar una ordenanza desde la comisión y nos vamos a juntar el jueves a las 10.30" informó la presidenta. De esta manera, la comisión volverá a sesionar mañana de manera virtual.

A tono con lo que expresó Guillermo Santellán, Arouxet sostuvo que le dijo a EL POPULAR que "así como está, el proyecto de ordenanza no se puede tratar en sesión porque carece de cuestiones técnicas y legales que no pueden ser aplicadas a ese tipo de multa".

Qué dice el decreto

El decreto 2.566 se dictó el 31 de agosto y se promulgó una semana después. Establece "la competencia del Juzgado de Faltas Municipal para el juzgamiento de la falta y contravención consistente en la realización de eventos o reuniones sociales o familiares en espacios cerrados o en domicilios particulares".

Luego, se determina "una multa de entre 1 y 100 salarios mínimos duplicándose en caso de reincidencia". En ese sentido, Galli había adelantado que la sanción implica entre 16.000 pesos y 1.600.000 pesos.

El Ejecutivo agregó en la normativa que podrían aplicarse después de que el Concejo refrende las disposiciones con una ordenanza.

En los considerandos, se tuvo en cuenta "lo dispuesto por el Poder Ejecutivo provincial a través de los decretos 641 y 714 de 2020 en el marco de la emergencia sanitaria generada por el Covid-19 en relación a la prohibición de realización de eventos y reuniones sociales en espacios cerrados". Apunta a que más allá de que ya existan dichos decretos provinciales, "deviene necesario contar con una norma a nivel local que permita controlar y eventualmente sancionar a quienes incumplan" con la prohibición de realizar reuniones sociales "atento a las gravísimas consecuencias" que deja.