dpuertas@elpopular.com.ar

Años atrás el intendente Helios Eseverri, alguien que para bien o para mal sabía interpretar como nadie a la mayoría de sus convecinos, dividió a la sociedad entre local entre "nosotros", es decir las buenas personas que podían transformarse en víctimas, y "ellos", refiriéndose a los sospechosos de siempre capaces de victimizar de cualquier modo a la gente respetuosa del prójimo y de las leyes.

Esa postura políticamente incorrecta era, evidentemente, compartida por una mayoría amplia, a juzgar por los resultados de unas cuantas elecciones.

Diez años y medio atrás una mujer que creció en Olavarría, Carolina Píparo, se convirtió en símbolo y emblema de las víctimas al ser baleada en la cara durante una salidera bancaria y perder pocos días después a su hijo, cuyo nacimiento fue acelerado por la tragedia.

El caso Píparo tuvo un impacto tan fuerte que obligó a que se tomaran una serie de medidas de seguridad en los bancos que persisten hasta hoy, como la prohibición de usar teléfonos celulares en el interior de estas instituciones.

Siete años después de su tragedia Carolina Píparo entró de lleno en la política con Juntos para el Cambio. Ganó una banca en la Legislatura bonaerense y tiempo después fue designada como secretaria de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género de la Municipalidad de La Plata por el intendente Julio Garro.

El último día del año pasado se reunió con el policía Luis Chocobar, quien está siendo juzgado por matar a un ladrón que había herido de gravedad a un turista extranjero. El delincuente estaba en el piso indefenso cuando fue baleado.

A través de Twitter, Carolina sintetizó ese encuentro: "Compartí otra charla con Oscar Chocobar. Creo en él y en todos los policías de bien que arriesgan su vida para cuidarnos. Quiero un 2021 sin grises, con un Estado que nos proteja y que los delincuentes estén tras las rejas. Menos show y más seguridad".

Pocas horas después Carolina Píparo y su esposo Juan Ignacio Buzali fueron asaltados por motochorros, que le sustrajeron la cartera y el celular. Pocas personas deben tener más razones que Carolina Píparo para guardarle rencor a los delincuentes en general y a los motochorros en particular y tal vez eso fue un impulso muy fuerte para que salieran en persecución de los ladrones, entrando en una aventura tan incierta como de improbable éxito.

Lo cierto es que se encontraron con un grupo de motociclistas y embistieron a una de las motos. Luego a su vez fueron perseguidos por los moteros y finalmente terminaron en manos de la Policía. Después se comprobaría que esos motociclistas no tenían nada que ver con los asaltantes del matrimonio.

Hora Buzali está preso bajo la acusación de doble tentativa de homicidio en grado de tentativa y Píparo es blanco de duras acusaciones políticas.

Todos los indicios apuntan a que se trató de un intento de lo que habitualmente se denomina "justicia por mano propia" que terminó como suelen terminar estas historias: con más víctimas inocentes.

Pero aunque las víctimas no sean tan inocentes, lo cierto es que la "justicia por mano propia" -en realidad casi siempre es venganza- está tan prohibida por las leyes como robar y con esa convicción está actuando indudablemente a fiscal María Eugenia Di Lorenzo, que pidió y consiguió la prisión preventiva para Buzali.

Es imposible saber si otra historia trágica que tuvo que ver con motochorros influyó en la decisión de Buzali y Píparo. En setiembre de 2016 en Zárate el carnicero Daniel Oyarzún persiguió en su automóvil a dos jóvenes que lo habían asaltado segundos antes. Los alcanzó, los chocó y el conductor de la moto quedó atrapado entre el vehículo y un poste. Se bajó del coche y comenzó a golpearlo, paliza a la que se sumaron otros vecinos que vieron la escena.

El ladrón, de 24 años, murió. En 2018 Oyarzún fue absuelto por un jurado popular y eso llevó a que algunos juristas criticaran el sistema de juicio por jurados. Carolina Píparo, en cambio, declaró que se había hecho justicia.

Lo cierto es que prácticamente no hay casos en la provincia de Buenos Aires en los que se haya condenado al asesino de un ladrón, incluso en episodios en que era evidente que no cabía la legítima defensa.

Es improbable que pueda reunirse a doce personas dispuestas a condenar al asesino de un delincuente, por lo que podría decirse con poco margen de equivocación que la "justicia por mano propia" está de hecho legalizada en el territorio bonaerense.

Si Juan Ignacio Buzali fuera juzgado por el sistema de jurados ¿recibiría alguna condena?

Más allá de las situaciones particulares, lo cierto es que el miedo a convertirse en víctima de los delincuentes a llevado a una cantidad imprecisa de personas, que quizá pueda contarse por millones, a odiar de modo vago, impreciso, a otras personas que también forman millones y que han tenido la desventura de ser pobres y el avatar inevitable casi siempre de ser jóvenes.

Esto no es un problema exclusivamente argentino. Guatemala se caracterizó por los linchamientos públicos de delincuentes que tuvieron mala fortuna de ser atrapados por vecinos. Años atrás en La Paz una turba dejó tullido a golpes a un adolescente que se alojaba en la casa de su abuela y tuvo la desgracia de olvidarse las llaves.

América latina es la región más desigual del mundo y, consecuencia inevitable, es la más violenta.

La fractura social que se acentúa en las crisis debería ser un tema permanente de reflexión y debate.