Para las 10.30 de hoy fue programada la primera de las audiencias en el marco del juicio por la causa de narcotráfico por la que se encuentran imputados y procesados siete olavarrienses, tres de los que permanecen detenidos en cárceles federales. El juicio oral se desarrollará en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, y si bien aún no se conoce cómo seguirán las próximas audiencias, se prevé que las jornadas se extiendan por varias semanas.

A partir de hoy se ventilarán los hechos y circunstancias por los que siete hombres fueron detenidos el 13 de noviembre de 2018 en el marco de un megaoperativo que implicó el allanamiento de una decena de viviendas. La investigación estuvo a cargo del Juzgado Federal Nº 2 de la ciudad de Azul. A partir de la causa por infracción a la ley 23.737 de Estupefacientes, luego se desprendió una investigación por lavado de activos, que coordinó también el juez federal Martín Bava.

De manera inicial los investigadores manejaron la hipótesis de que las personas procesadas integraban una banda dedicada a la comercialización de estupefacientes, y de manera subsidiaria, la adquisición de posesiones y propiedades a través de la venta de drogas. La causa comenzó a investigarse en el año 2016, y dos años más tarde se dieron las detenciones.

Distintas fuentes consultadas por este Diario refirieron que las personas que serán juzgadas a partir de hoy por el TOF de Mar del Plata, presidido por el doctor Roberto Atilio Falcone, seguirán las audiencias de manera virtual, ya sea desde las cárceles federales en las que están detenidos, como desde sus viviendas en el caso de quienes gozan del beneficio del arresto domiciliario.

Se prevé que la audiencia de hoy esté vinculada específicamente a la apertura y presentación técnica del juicio oral, y luego se conocerá cuando se llevarán adelante las otras jornadas, que se podrían extender hasta entrado diciembre, producto de la gran cantidad de personas que se espera que declaren y la abultada cantidad de documentaciones y pruebas escritas que se producirán durante el juicio.

Los detenidos y procesados en el marco de esta causa son Marcos Aaron Cairo, Pablo Rubén Cairo, Héctor Alejandro García, Hugo Martín Paroli, Martín Eduardo Leal, Ramiro Jouandon y Gerardo Pacheco.

Acerca del proceder de esta presunta organización delictiva, en un fallo reciente vinculado a la causa de lavados de activos, uno de los magistrados que integra la Cámara Federal de Mar del Plata expuso que Pablo Cairo "ha sido tenido como máximo responsable de la conducta del tráfico de estupefacientes y del lavado de dinero proveniente de esa actividad". Agregó además que los olavarrienses fueron procesados por "integrar una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes bajo un esquema en el que recibiría los pedidos de los clientes de forma telefónica y de modo delivery o al menudeo se entregaría el material estupefaciente a los clientes".

Dicha organización desarrollaría principalmente su actividad delictiva en la ciudad de Olavarría, y en su fallo destacó "como elementos tenidos en cuenta para acreditar esa conducta, la sustancia estupefaciente (tanto sin fraccionar como ya preparada para su comercialización) incautada en distintos allanamientos y requisas de vehículos, así como el hallazgo de balanzas utilizadas para la división del material prohibido en dosis y también dinero y vehículos vinculados con esa actividad ilegal, pudiendo destacarse que ''...el reciclaje o blanqueo de fondos de origen ilegal encuentra su medio habitual y alcanza su máximo nivel de desarrollo en ámbito de la criminalidad organizada''".

Pedidos de nulidad

Una de las situaciones que más se marcó desde la detención de los 7 investigados hasta la actualidad fueron los constantes planteos de las defensas de los procesados acerca de una serie de fallas y errores en los allanamientos de noviembre de 2018. A pesar de las apelaciones presentadas, ninguna de ellas fue avalada por la Justicia Federal.

Meses atrás, en una entrevista exclusiva a EL POPULAR, Martín Paroli y su abogado Gustavo Scotto refirieron a este Diario que "todos descubrimos las mismas falencias, que había una anormalidad manifiesta en los procedimientos que era muy notoria, y así lo manifestamos en las distintas apelaciones que hicimos, y nunca se le dio importancia de que en realidad esté el procedimiento bien hecho".

En ese momento pusieron de relevancia que el efectivo policial a cargo de operativo, el comisario inspector Carlos Marcelo Blanco, dos años más tarde fue detenido por integrar una asociación ilícita que extorsionaba y revendía drogas secuestradas. Y además apuntaron contra Lisandro Zanazzi, agente de la División de Delitos Complejos y Crimen Organizado de Olavarría que el mes pasado fue encontrado culpable por la tentativa de cobro de coimas en un boliche céntrico.

"Todos los abogados que representamos a los imputados planteamos que muchas de las irregularidades tienen que ver con Zanazzi. Nos negaron todo. Las irregularidades eran manifiestas, era una persona que había estado en todos los allanamientos" recordó Scotto.