En la edición del miércoles último, EL POPULAR publicó una nota en la que la directora de Talleres Protegidos de Olavarría, Rosita Muia, describía el contexto en el que se desenvuelve la institución hoy y sus temores respecto del futuro. Además, puntualizaba como un dato positivo que, en el marco de la emergencia sanitaria, se había integrado a la citada red, lo que le permitió compartir preocupaciones y acceder casi directamente a la realidad de entidades hermanas diseminadas en el resto del territorio olavarriense.

Horas más tarde, se difundiría un petitorio dirigido básicamente a la Gobernación de Axel Kicillof. En este sentido, se aboga para que la Provincia de Buenos Aires adhiera a la Ley Nacional 26.816 sobre Régimen Federal de Empleo Protegido, para que aumente el monto de las becas a esas instituciones y para que los trabajadores con discapacidad reciban la Tarjeta Alimentar.

"Sería un paso enorme el que la Provincia adhiriese a la ley 26.816 porque implicaría que los discapacitados podrían ingresar al sistema formal laboral con garantías y derechos", se indicó desde el Inadi la Plata, en obvio apoyo a la iniciativa que coincide con la impulsada por la Red Federal de Talleres Protegidos solicitando la aplicación de la Ley 26816 de Empleo Protegido.

La Red está conformada por casi 200 talleres protegidos bonaerenses, en los que se desempeñan laboralmente 4.500 trabajadores con discapacidad. Se aseguró que el incremento de las becas mitigaría el difícil momento que atraviesan las instituciones y el acceso a la Tarjeta Alimentar aliviaría "las duras condiciones de subsistencia de la mayoría de nuestros trabajadores/as y sus familias".

En la carta que se presentará a las autoridades provinciales también se consignó que para poder cobrar los 1.300 pesos las personas con discapacidad deben acercarse de forma personal a las entidades bancarias y se pidió su bancarización. Se comunicó que los talleres protegidos de la provincia de Buenos Aires están al borde de la desaparición. "Este enunciado es la penosa realidad que nos atraviesa en este contexto pandémico desolador", se indicó.

Las entidades, en un alto porcentaje, son asociaciones civiles sin fines de lucro y se aclaró que "se gestaron desde el origen para responder a la histórica deuda social que el Estado mantiene con el colectivo de discapacidad respecto al derecho al trabajo". Es que antes de la declaración de la pandemia y las consecuentes medidas de aislamiento, los talleres protegidos subsistían, en primer lugar, por el trabajo genuino de los/as trabajadores y trabajadoras con discapacidad. Desde las instituciones se hacían gestiones y articulaciones con Pymes o proyectos autosustentables de producción propia en los que colaboraban las familias y las distintas comunidades a las que pertenecen los talleres.

En la vecina ciudad de Tandil, Lourdes Martínez, representante de la Red Nacional de Talleres Protegidos, y referente de los Talleres de la Provincia de Buenos Aires, argumentó que el petitorio se debe a que "los Talleres Protegidos de la Provincia de Buenos Aires están al borde de desaparecer".

"Esta es la penosa realidad que nos atraviesa en este contexto pandémico desolador. ¡Nuestras entidades, en un alto porcentaje, asociaciones civiles sin fines de lucro que fueron una respuesta a la histórica deuda social que el Estado mantiene con el colectivo de discapacidad respecto al derecho al trabajo no puede más!", expresó Martínez, en la petición que ya lleva superadas las 4700 firmas virtuales a través de change.org.

"Hoy en día los trabajadores con discapacidad están sumidos en un alto porcentaje en la pobreza, se encuentran confinados en sus hogares con la sensación agónica de perder una vez más un derecho básico. Este petitorio pretende visibilizar y dar voz a esta situación crítica", añadió.

En la misma línea, la olavarriense Rosita Muia expuso, en la nota publicada el miércoles último, que si bien la producción del taller tiene una demanda sostenida y hasta creciente, no es posible responder a ella con la mano de obra disponible hoy, que son exclusivamente las dos supervisoras del lugar. Igualmente, referenció que "los problemas económicas están" y enumeró las cuentas pendientes, entre ellas las cargas sociales que no se están pagando, además de los temores ante un eventual corte de la ayuda que supone el ATP a la hora de abonar salarios.

Sin embargo, su preocupación más extrema pasa por el estado anímico de los operarios, que desde el 20 de marzo dejaron de vivenciar su rutina laboral diaria y perdieron el contacto social que supone la concurrencia cotidiana a los distintos talleres que compartían tras el horario de trabajo. "Entre ellos han surgido problemas de conducta, de aislamiento, de una tristeza desmedida y la falta de voluntad para hacer nada; extrañan horrores la actividad diaria", confió Muia, para preguntarse luego "cuál será el futuro de Talleres Protegidos si esta pandemia se prolonga".