A partir de las 10.30 de hoy se llevará adelante la segunda audiencia del juicio por el megaoperativo de noviembre del año 2018 en el que detuvieron a siete olavarrienses por integrar una banda dedicada a la comercialización de drogas y, en el caso de los líderes de la organización, por dedicarse al lavado de activos. El debate oral y público, bajo modalidad presencial y virtual, se desarrolla en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, integrado por los jueces Roberto Falcone, Fernando Machado Pelloni y Nicolás Toselli.

Fuentes consultadas por este Diario indicaron que en esta jornada se escucharán los primeros testimonios ofrecidos por la parte acusatoria, representada en el debate por el fiscal general Juan Manuel Pettigiani. Se trata de las declaraciones de siete agentes policiales que se desempeñaron en los operativos en los que fueron detenidos, tres años atrás, Pablo Rubén Cairo, Marcos Aaron Cairo, Alejandro Héctor García, Hugo Martín Paroli, Gerardo Omar Pacheco, Martín Leal y Ramiro Oscar Jouandon.

Los allanamientos del 13 de noviembre de 2018 se realizaron en el marco de una investigación que comenzó en el año 2014 a partir de tres causas preliminares de la Justicia bonaerense, que en el año 2016 giró al Fuero Federal. Los siete olavarrienses, algunos de los que gozan del beneficio de la prisión domiciliaria, están acusados de integrar una organización dedicada a la comercialización de cocaína, que operaba ante pedidos telefónicos de ocasionales clientes y distribuía la droga a modo de delivery o al menudeo en Olavarría. Las instrucciones estuvieron a cargo del fiscal federal Santiago Eyerhabide del Juzgado Federal Nº 2 de Azul.

Al igual que la primera jornada, se prevé que la audiencia se realice con modalidad presencial y virtual, y mientras que los jueces y demás funcionarios públicos se encuentran en recinto del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, los imputados y sus abogados defensores siguen el debate de manera virtual. Inclusive se prevé que los siete testimonios programados para hoy se realicen también a través del sistema de videoconferencia.

Producto de que en la lista de testigos hay más de 150 personas para declarar, se presume que las audiencias se extenderán durante diciembre, al menos el viernes 10, y luego se retomarán en febrero del 2022, una vez culminada la feria judicial estival.

La causa

De acuerdo a lo expuesto en la requisitoria de elevación a juicio del fiscal a cargo de la instrucción de la causa, el doctor Santiago Eyherabide, Pablo Rubén Cairo era el líder la organización y dirigía un esquema en el que, "a través de Alejandro Héctor García, se distribuía cocaína a diversos vendedores, quienes posteriormente realizaban la comercialización con otras personas que se comunicaban por mensaje de texto o WhatsApp, y mediante referencias encriptadas, pactaban los encuentros para entregar y recibir la droga".

En tanto, en la hipótesis de la acusación se refiere que Marcos Cairo ocultaba y fraccionaba la droga que era adquirida en Capital Federal, que era entregada luego a los demás acusados para realizar la comercialización.

Por otra parte, el rol que cumplieron algunos agentes policiales en los procedimientos de 2018 fue una situación que los abogados que asisten legalmente a los imputados cuestionaron en varias oportunidades, e incluso llegaron a solicitar la nulidad de la causa, aunque dichas presentaciones finalmente no prosperaron.

Tal es así que a mediados del año pasado fue detenido el comisario inspector Carlos Marcelo Blanco, quien coordinó los allanamientos cuando se desempeñaba como jefe de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de Azul. Blanco fue imputado, junto a una veintena de policías, por integrar una banda que era liderada por el fiscal suspendido de San Isidro, Claudio Scapolan, que instruye el Juzgado Federal Nº 1 de San Isidro. Uno de los hechos está vinculado al operativo "Leones Blancos", del año 2013 en el partido de Moreno, donde incautaron un cargamento de alrededor de una tonelada de cocaína, aunque oficialmente sólo se consignó la mitad, y se presume que el resto fue vendido.

Por otra parte también cuestionaron el rol de Lisandro Zanazzi, agente de la División de Delitos Complejos y Crimen Organizado de Olavarría. En su caso el abogado Gustavo Scotto, quien asiste legalmente a uno de los acusados, indicó que "eran allanamientos en forma simultánea y él fue a uno, después a otro y después a otro. Cuando en realidad se comisiona un grupo de gente y cada uno va a distintos domicilios, y no se puede andar cambiando. Hay un superior que ordena y eso no se respetó, evidentemente hubo un incumplimiento de los deberes de funcionario público, que en realidad era una connivencia entre ellos que a nadie le importa: había alguien que dio toda la vuelta, que recorrió varios domicilios, que hoy está separado de la fuerza por una denuncia y está siendo investigado".