Este viernes continuó el juicio que se lleva adelante en el Juzgado Federal de Mar del Plata contra siete olavarrienses imputados por integrar una banda dedicada a la comercialización de drogas y, en el caso de los sindicados como líderes de la organización, por dedicarse al lavado de activos. Fue la segunda audiencia y contó con la declaración de tres testigos de la acusación: efectivos policiales que estuvieron en los inicios de la investigación y, además, uno de ellos, participó de uno de los allanamientos efectuados en 2018 cuando se produjo la detención de los acusados.

También ayer, en la audiencia que se extendió por unas seis horas hasta cerca de las 16, la defensa de uno de los imputados hizo un planteo por "afectación al debido derecho de defensa" con el cual buscó poner en cuestionamiento la modalidad bajo la que se lleva adelante el proceso oral. El doctor Gustavo Scotto, el defensor particular en cuestión, añadió que la misma postura es sostenida por el resto de los abogados defensores.

Los testigos que declararon ayer fueron los primeros en hacerlo. Había citados en total siete policías para la segunda audiencia, pero uno de ellos no pudo presentarse por un problema de salud mientras que los otros tres fueron nuevamente citados para las audiencias programadas para los días 10 y 27 de diciembre, en los que continuará este juicio oral. Cabe señalar que la lista de testigos se compone de más de 150 personas.

El debate se concreta bajo la modalidad presencial y virtual. El Tribunal está compuesto por los jueces Roberto Falcone, Fernando Machado Pelloni y Nicolás Toselli. La acusación está a cargo del fiscal general Juan Manuel Pettigiani. Los acusados son Pablo Rubén Cairo, Marcos Aaron Cairo, Alejandro Héctor García, Hugo Martín Paroli, Gerardo Omar Pacheco, Martín Leal y Ramiro Oscar Jouandon.

Segunda audiencia

Hector Pereyra, Maximiliano Velázquez y David Lopez Osornio fueron los policías que declararon ayer.

Se trata de personal que tomó parte de los inicios de la investigación en 2014 cuando estaba a cargo del fiscal Christian Urlézaga bajo la órbita de la justicia provincial. Uno de ellos estuvo a cargo de la transcripción de las escuchas telefónicas, medida que por aquella época se hacía de manera distinta a la actual en parte por los cambios tecnológicos. Su declaración se centró en explicar la modalidad de trabajo.

A su vez, el policía López Osornio también estuvo en uno de los allanamientos de 2018, en la casa del imputado Leal. Su declaración también fue sobre este tema y la defensa buscó ahondar en  información acerca de la participación de otro policía, Lisandro Zanazzi de la División de Delitos Complejos y Crimen Organizado local, a quien han acusado de "incumplimiento de los deberes de funcionario público". Puntualmente Scotto sostuvo que este último efectivo "fue a un allanamiento, después a otro y después a otro" lo cual interpretó como "una connivencia entre ellos". Actualmente está separado de la fuerza por una denuncia.

En cuanto a la declaración de López Osornio, ayer manifestó que Zanazzi "estuvo en el domicilio de Leal (durante el allanamiento), pero no entró a la casa. Dijo que tenía la función de controlar los vehículos que se secuestraban".

En tanto el doctor Scotto tomó intervención en la audiencia para plantear quejas por aspectos organizativos que a su entender derivan en la afectación del "principio de oralidad" del proceso. La misma postura "tienen el resto de los defensores" dijo para cuestionar también que los jueces concretan las audiencias "en los tiempos que ellos quieren".

"Permite que un testigo, como los policías específicamente a quienes nosotros estamos denunciando, esté declarando desde su casa por Zoom. No se lo puede interrogar, no es seguro el lugar desde donde declara y no sabemos si esas personas están siendo digitadas. Afecta el legítimo derecho de defensa de mi defendido y de todos los demás" afirmó el abogado.

Los jueces consideraron que ese planteo "debió hacerse antes", a lo que el doctor Scotto respondió con críticas acerca de los plazos en los que se fijó la primera audiencia y la falta de claridad respecto de cuáles participantes iban a asistir de forma presencial y cuáles de forma virtual. El defensor avanzó con presunciones acerca de los objetivos del tribunal y subrayó su intención de defender apropiadamente a su representado.