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Un octógono negro en el frente del envase de un alimento industrializado es la posibilidad de que quienes compran ese alimento puedan saber, taxativamente, qué están consumiendo. Un acto de sinceridad determinado desde los estamentos del Estado –ya tiene media sanción en el Senado- que el lobby empresarial está acorralando en Diputados. Los industriales que producen alimentos ultraprocesados, con ingredientes destinados a la estética y a la larga vida de los alimentos que los depositan en las góndolas plagados de químicos, sodio y azúcares, son los que se oponen a esa sinceridad. Que, sostienen, implica "demonizar" a esa industria. La Ley de Etiquetado Frontal tiene un apoyo mayoritario de la población: una encuesta de la Fundación Interamericana del Corazón (FIC) filial Argentina, demostró que el 91 % de los encuestados apoya la inclusión de sellos negros de advertencia en el frente de los envases de alimentos y bebidas con exceso en nutrientes críticos como azúcares, sodio, grasas totales, grasas saturadas y calorías.

La licenciada en Nutrición e integrante de la FIC, Victoria Tiscornia, sostuvo que "el sistema de etiquetado frontal garantiza el derecho a la información de los consumidores" para lo que muestra "el contenido excesivo de nutrientes críticos. Informa, no demoniza", responde al lobby empresarial. La idea es desalentar el consumo de productos superindustralizados, con exceso de grasas, azúcares y sodio y consumir alimentos naturales. En lo posible, preparados en casa. "No compren en el supermercado aquellos alimentos cuyos ingredientes nunca tendrían en casa", suele repetir la periodista e investigadora Soledad Barruti, autora de Malcomidos. En Chile, donde el etiquetado deja en claro qué va a consumir quien se lleve determinado alimento, "un estudio demostró que entre los años 2015 y 2017 la compra de bebidas con alto contenido en azúcar disminuyó en casi un 24%", sostiene Tiscornia. Las bebidas azucaradas son una de las principales responsables de otra pandemia: la obesidad.

En la última Encuesta Nacional de Nutrición y Salud "se evidencia que sólo un tercio de la población lee las etiquetas, y de ellos solo la mitad las entiende", dice la nutricionista, "lo que implica que menos del 15% de la población estaría comprendiendo la información nutricional del envase en la actualidad".

En octubre del año pasado el Senado de la Nación aprobó, casi por unanimidad, un proyecto de "etiquetado frontal de advertencias". En Diputados tiene giro a cuatro comisiones: Legislación, Acción Social y Salud Pública, Defensa del Consumidor e Industria. Sin embargo, el proyecto titulado "Promoción de la Alimentación Saludable" está un poco trabado en la Cámara baja. Además del etiquetado frontal, la iniciativa también contempla "la restricción de la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes y la venta en las escuelas de los productos que presenten un sello o más".

La magister en Nutrición Humana, Victoria Tiscornia, resalta que el proyecto tiene un gran respaldo académico, "aval de la mejor evidencia científica libre de conflicto de interés", la aprobación del Senado y un amplio apoyo de la población. La mesa está servida del lado de los diputados.

-¿Cuáles son los puntos fundamentales como para que la sociedad tome este proyecto como propio?

-En primer lugar, tiene que ser un sistema sencillo de entender en una vista rápida, cuando se va a comprar. En una encuesta que realizamos en FIC Argentina quedó demostrado que el sistema de advertencias es el que más ayuda a percibir a un producto con exceso de azúcar, grasas y/o sal como un producto no saludable. Además, los resultados indicaron que las advertencias son las que reducen en mayor medida la intención de compra de productos con alto contenido de nutrientes críticos (o no saludables) en todos los niveles educativos. En cuanto al apoyo de la ciudadanía, una encuesta que hicimos desde FIC Argentina reflejó que el 91% de los y las encuestados/as apoya una política que incluya sellos negros de advertencia. Este alto porcentaje de acuerdo se observó en todos los grupos de edad y niveles socioeconómicos (93% para el nivel socioeconómico más alto y 87% para el más bajo). Es muy importante que la gente conozca el impacto negativo en la salud del consumo de productos con alto contenido en nutrientes críticos.

-¿Cuáles son las razones por las que la industria se opone al proyecto?

-La industria de alimentos y sus aliados (profesionales de la salud con conflictos de interés, asesores legales, publicistas, entre otros) utilizan distintas estrategias con el propósito de impedir la sanción de políticas efectivas. Una de ellas es el desarrollo de mitos que buscan negar y distorsionar la evidencia y dilatar la aplicación de políticas públicas. Uno de los mitos para impedir el avance del etiquetado es que "la ley demoniza a los alimentos por su mera condición de procesados".

Sin embargo, tal como señaló la Coalición Nacional para Prevenir la Obesidad en Niños, Niñas y Adolescentes, la implementación de un sistema de etiquetado frontal garantiza el derecho a

la información de los consumidores porque logra que se conozca el contenido excesivo de

nutrientes críticos. Informa, no demoniza.

-¿Cuáles son los cambios que, se supone, podrían llegar a la alimentación de la sociedad con la existencia del etiquetado frontal?

-El objetivo que persigue esta política es desalentar el consumo de productos procesados y ultraprocesados con contenido excesivo de grasas y azúcares y promover el consumo de alimentos naturales, volviendo a las preparaciones caseras. Para lograr este cambio es necesario implementar una estrategia integral, donde el etiquetado frontal es la puerta de entrada hacia otras políticas que buscan promover entornos alimentarios más saludables como los escolares, la restricción del marketing de alimentos de baja calidad nutricional y políticas fiscales, entre otras medidas que en conjunto promuevan un patrón de consumo más saludable.

-El logro de la implementación del etiquetado, ¿implica un paso más hacia la soberanía alimentaria?

-Es, efectivamente, así. Esta medida ha mostrado ser efectiva para garantizar el derecho a la información y para que los y las consumidores/as puedan tomar decisiones de compra de manera informada. Los países que han implementado un sistema de advertencias de forma obligatoria han demostrado cambios positivos en el patrón de consumo. En Chile, por ejemplo, un estudio demostró que entre los años 2015 y 2017 la compra de bebidas con alto contenido en azúcar disminuyó en casi un 24%. Asimismo, es una política alimentaria que sirve como puntapié para promover una estrategia que asegure el derecho a una alimentación adecuada y a la salud de la población. En la última Encuesta Nacional de Nutrición y Salud se evidencia que sólo un tercio de la población lee las etiquetas, y de ellos sólo la mitad las entiende. Es decir que hoy menos del 15% de la población estaría comprendiendo la información nutricional del envase. Por eso resulta necesario que el Estado cumpla con la obligación de asegurar el derecho a la información, y a una alimentación adecuada a través de la implementación de un sistema de advertencias en el frente de los envases, como un paso más hacia la soberanía alimentaria.

Código Alimentario

Otro de los argumentos que esgrime la industria para rechazar el etiquetado frontal es que "la Ley es inaplicable porque se contradice con el Código Alimentario Argentino (CAA), el cual se encuentra armonizado con la legislación sobre el Etiquetado de Alimentos del Mercosur". Este enunciado, dice Victoria Tiscornia, "es falso ya que los países del Mercosur son soberanos para avanzar, de forma autónoma, en legislaciones que consideren necesarias para proteger la salud y la vida de su población". De hecho, Brasil y Uruguay, ya han avanzado en políticas de etiquetado frontal "sin armonizar la norma en este espacio". A su vez, "el proyecto de ley no contradice las normas del CAA sino que contempla su modificación para adaptarse a los estándares propuestos en la normativa".