El Gobierno se enfocó en la "legitimidad" de la protesta: entiende que existe un retraso salarial del 30% y que las condiciones de trabajo se precarizaron aún más por las exigencias que impuso el Covid, aunque la metodología que se está utilizando vulnera lo que leyes y reglamentos permiten.

Una de las dificultades es que no hay una mesa de negociación estable ni un interlocutor único. Berni terminó el día en La Matanza dialogando con efectivos de esa departamental. Y a la vez, el jefe de policía Daniel Alberto García hizo recorrida junto al coordinador operativo de la fuerza, Jorge Omar Figini.

Recopilaron demandas diversas. Pero no hubo acuerdos, porque no se puede validar un interlocutor formalmente debido a la prohibición de sindicalización y a la dispersión de la protesta. En ese marco, el Gobierno no da por cerrada la crisis, ni mucho menos. Habrá un intento por que eso ocurra cuando se conozca el monto del incremento, en principio el viernes aunque podría adelantarse a hoy.

A la vez, Kicillof ya tomó una decisión: en lo inmediato no habrá sanciones formales ni traslados para los efectivos que participaron. En un contexto de fuerte malestar, es una señal en busca de una pacificación más o menos rápida. A la vez, Berni fue confirmado y la cúpula de la fuerza "por ahora también", explicó a DIB una fuente del gabinete.

La ministra de Seguridad nacional, Sabine Frederic, le quitó intencionalidad política a la protesta. No obstante, el gobierno de Kicillof introdujo matices: existió "aprovechamiento" de la oposición, dijeron. La más explícita fue Teresa García, la ministra de Gobierno: dijo que los sectores más duros de Juntos por el Cambio entraron en una "actitud desestabilizadora". Se refería a críticas que formuló el jefe de la bancada de PRO, Cristian Ritondo, exministro de Seguridad, que dijo: "Si a estos les estalla un episodio de esta magnitud a los nueve meses de Gobierno, no quiero imaginar que pasará más adelante". DIB