Daniel Lovano - dlovano@elpopular.com.ar

La Cámara de Diputados de la Nación tendrá desde hoy 30 días hábiles para consensuar un nuevo texto para la ley de alquileres, con un protagonismo excluyente de la bancada oficialista del Frente de Todos y el bloque opositor de Juntos por el Cambio.

Estos últimos están firmes en la postura de derogar la ley promulgada hace apenas menos de dos años, que ha generado controversias entre los actores de este nicho del mercado, y que vuelva a regir la ley anterior hasta tanto se sancione una nueva norma.

El oficialismo impulsa un proyecto del ex gobernador sanjuanino José Luis Gioja, que propone un plan de construcción y adquisición de inmuebles destinados a la gestión pública de alquileres sociales, y gravar a las viviendas ociosas.

También contempla topes de precios iniciales de alquileres, beneficios para inquilinos monotributistas y desgravación impositiva por 15 años para propietarios.

La comisión para abordar esta iniciativa, a conformarse hoy alrededor de las 15, contará con 16 diputados del Frente de Todos, 14 de Juntos por el Cambio y uno del Interbloque Federal, que será la bonaerense Graciela Camaño.

La massista Cecilia Moreau aparece como la legisladora con más posibilidades de presidir la misión.

Marcelo Corletto, agente inmobiliario local, dejó en claro su convicción de que existe una mirada en el AMBA y una muy distinta en el interior del país.

"Es un tema que en los últimos días hemos hablado con varios colegas, y me parece que es fundamental entender que todos estos cambios están relacionados con los inquilinos de Capital Federal, que son los que más sufren esta situación" afirmó.

Corletto opinó que "en general al interior del país, de alguna manera, vino a beneficiar al locador. Nosotros antes no podíamos hablar de más de un 30, 32% de aumento anual para una casa de familia, cuando hoy estamos hablando de aumentos de un 50, 52% anual. Sobre todo en el interior, esto vino a beneficiar a los dueños".

Siguiendo la línea de razonamiento, mencionó que como en Capital estaban acostumbrado a aumentos semestrales, en este contexto que calificó de "hiperinflación" y agregó que "los incrementos proporcionales eran lo que ellos querían".

"Como se regularizó a partir del 1 de julio del 2020 los locadores de Capital, igual que los de todo el país, tienen que aumentar una vez al año según lo que dice el índice del Banco Central" recordó Corletto.

Sobre las posturas en Diputados, analizó que "las ideas de PRO (JxC) eran pasar los contratos de 3 años a 2 años y que los aumentos sean semestrales. La idea del Justicialismo (FdT) es de hacer contratos por dos años también -en eso coinciden-, pero plantean multas a los que tengan viviendas ociosas".

Su postura es que "cuando el Estado tiene que corregir lo que el mercado no corrige siempre el perjudicado es el que pone la plata; siempre el fusible es el locatario. Por eso reitero que los que en Capital Federal se sienten perjudicados, en el interior están beneficiados".

"Esto tiene que ver con una cuestión de fondo y es que el Estado está ausente con respecto a los créditos hipotecarios; la gente que trabaja y tiene ingresos no cuenta con posibilidades en el interior de construir su hogar, porque en Capital la posibilidad de construir es mínima" diferenció.

Hizo mención a la última línea crediticia, los polémicos UVA, y relató que "la gente está complicada para poder pagarlos. El que hace un par de años empezó pagando 7 u 8 mil pesos hoy está pagando 40 ó 50 mil pesos y sus sueldos no se le incrementaron en ese nivel".

Relativizó el planteo de un gravamen a las viviendas ociosas. "¿Cómo lo van a implementar? Si la tengo en venta no es ociosa, entonces determinar cuál es la vivienda a la que se le puede cobrar un impuesto porque no la están alquilando es medio relativo. Hay viviendas que se alquilan por día, o por un tiempo determinado" observó.

"Dictar una ley para todo el país a veces es complicado porque las realidades son muy diferentes. Una cosa es Capital, otra el interior de la provincia de Buenos Aires y otra el resto del país" sostuvo Corletto.

Su colega Santiago Barsi también analizó esta coyuntura en torno de la legislación para los alquileres.

"No sé si decir que la ley que rige actualmente presenta deficiencias, pero la realidad es que a una persona que es propietaria de un inmueble no se le puede desde ningún punto de vista, en el país que vivimos y con la inflación que tenemos, reglamentar lo que tiene que hacer con su patrimonio" consideró.

"¿Qué pasa?" se preguntó. "El gobierno, al tener problemas de inflación, no sabe de qué manera frenarla y donde más repercute es en la vivienda. Por eso se generan lo aumentos, y hoy estamos manejando contratos al 53% anual" se respondió.

Barsi reflexionó que siempre, "la salida va a ser perjudicar el bolsillo del propietario, de la persona que tiene un inmueble, entonces se tomen las decisiones que se tomen nunca se va a poder llegar a una solución".

"El último intento fue dictar una ley por tres años. Los propietarios se adecuaron y no hay quejas de ellos, porque al aumentar según el índice los dueños estaban de acuerdo, los inquilinos no, pero no podían decir nada porque es lo que corresponde y porque está en la ley" indicó.

Evaluó exagerados los contratos de 3 años, como impone la ley vigente, "porque son pocos los que van a estar ese tiempo viviendo en un lugar, entonces para qué estar atado a un contrato si no va a saber si lo puede seguir pagando a futuro".

También se refirió a lo que se está hablando como texto de una nueva ley.

"Por empezar los contratos vigentes muy pocos, o ninguno, se registran en la AFIP; segundo, cómo se puede dejar constancia de que una propiedad es ociosa, porque puedo ponerle los muebles y digo 'cada tanto vengo a dormir acá'. No tiene sentido; son todas desprolijidades lo que intentan hacer" marcó.

"Después se habla de un seguro de caución para tomar como garantía. Yo nunca he tomado uno. Lo más fácil siempre es garante con recibo de sueldo, pero ¿qué pasa? En Buenos Aires exigen garantes con propiedad, por eso están a las vueltas con las garantías. Acá en Olavarría, con dos recibos de sueldo como garantía te hacen el contrato" subrayó.

Barsi coincidió con Corletto en un punto clave.

"Siempre los mayores problemas son de Capital, porque son muchos, porque la gente no se conoce, porque son muy ventajeros. Acá no pasa eso. Allá tuvieron que regular porque se sacaban los ojos entre inquilinos y propietarios" graficó.

Barsi identificó que en la propuesta de la nueva letra aparece "para las renovaciones un 10% de aumento, o algo así. Por empezar la figura de 'renovación de contrato' habría que explicarles a los legisladores que no existe. El contrato se termina, locador y locatario acuerdan la continuidad y a partir de ahí llegan a un acuerdo de a cuánto va a partir el nuevo convenio y se firma un contrato nuevo".

En todo caso, advirtió, una imposición de este tipo derivaría en que el dueño decida no continuar con el vínculo.

"Esto no tiene mucha vuelta, por más que intenten lo que intenten, porque no hay gente para controlar, ni los ampara la Constitución Nacional para tener más bajo control a los propietarios. Los dueños tienen que hacer y disponer de la vivienda como se le dé la gana" aseveró.

Volvió a la realidad porteña: "Hay una regulación porque en Capital Federal había muchos abusos, más que nada con el ingreso; las inmobiliarias pedían dos comisiones, dos meses de depósito. Esas cosas se pueden reglamentar, pero ya cuando lo que estamos hablando es del importe...".

Barsi dio como ejemplo que "si yo tengo una casa vacía puedo pedir 100 mil dólares de alquiler; si alguien me la quiere pagar está bien y si no la tendré vacía, guardaré muebles, guardaré bolsos. El Estado no se debe meter en cómo debe disponer de un inmueble el propietario".