Ayer los protagonistas del caso se presentaron en la Municipalidad, la Defensoría del Pueblo, el Concejo Deliberante y la Fiscalía.

Dieron a conocer que 101 familias se ubicaron en los terrenos (ver recuadro) y entregaron una nota en la que pidieron ser parte de la mesa con cuestionamiento directo a una de las representantes del Municipio.

Asimismo, entregaron y dieron a conocer una "propuesta para la regularización y construcción de viviendas". Es el objetivo principal de los vecinos: quedarse en los terrenos y poder, finalmente, tener una vivienda propia. Plantearon para ello la predisposición a "afrontar el pago de una cuota social".

La nota

Ayer por la mañana los delegados que eligieron los mismos vecinos entregaron una nota en la que se presentaron como representantes de "las más de 100 familias que permanecemos desde hace más de una semana en los terrenos municipales baldíos aledaños al barrio Lourdes". Cuestionaron al Ejecutivo municipal por "falta de voluntad de diálogo" al señalar que "luego de prometer que nos convocarían a una reunión para buscar una solución a la grave problemática habitacional que atravesamos y contradiciendo esta promesa formulada `de palabra´ hace exactamente una semana, su gobierno nos denunció por usurpación y usted mismo nos trató públicamente de delincuentes".

Retomaron el derecho constitucional al acceso a una vivienda digna y sostuvieron que "durante la gestión (de Ezequiel Galli) el déficit habitacional ha crecido. La experiencia de muchos de nosotros y nosotras es la de haber realizado pedidos de terrenos numerosas veces (…) sin recibir ninguna respuesta".

Tras exponer la caída de la situación económica y definir que "tal es la necesidad de tierras y viviendas que nosotros y nosotras, integrantes de familias trabajadoras, hemos emprendido la utilización de terrenos", subrayaron que la demanda central es que "el Municipio ceda esos terrenos a las familias que estamos allí para empezar a dar una solución a nuestra demanda habitacional. No pedimos nada regalado, sino que estamos dispuestos a afrontar el pago de una cuota social a la altura de nuestras posibilidades económicas".

En el último punto de la nota aludieron a la reunión que tendrá lugar hoy convocada por la Defensoría del Pueblo y se quejaron que "hemos sido excluidos". Tras considerar que "es sumamente incompatible" la participación de una funcionaria municipal en ese encuentro plantearon: "exigimos participar de esa mesa, ya que está en juego nuestro derecho a la vivienda, así como la ejecución del desalojo que la Municipalidad ha requerido a la Justicia".

La mesa de trabajo

El subsecretario de Hábitat de la Comunidad de la Provincia, Rubén Pascolini, estuvo la semana pasada en Olavarría reunido con autoridades municipales y, tras ese encuentro, se conoció la convocatoria a la mesa de trabajo que tendrá lugar hoy por la mañana. EL POPULAR pudo confirmar que se realizará por videoconferencia.

Estarán representados la Subsecretaría de Hábitat bonaerense, Desarrollo Social de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos provincial, la Municipalidad y la Defensoría del Pueblo.

"Vamos a establecer una buena caracterización del conflicto para encontrar una salida que no sea violenta y que también signifique a largo plazo una respuesta a un acuerdo que se generó" había adelantado Pascolini sobre la reunión.