Fue el primer caso confirmado de coronavirus en la ciudad. El paciente junto con su pareja habían regresado de Brasil a fines de marzo y se habían aislado en forma voluntaria en su domicilio, luego de informar en el ingreso a la localidad su procedencia, con lo que se inició el protocolo de vigilancia epidemiológica. Tras presentar fiebre y tos ambos fueron hospitalizados aunque se hallaban en buen estado de salud. Los días siguientes se sumarían otros dos tests de Covid-19 positivos, uno de ellos un hombre de 83 años y la esposa del primer paciente.

Los primeros casos de coronavirus en Olavarría generaron toda clase de comentarios en redes sociales: acusaciones, amenazas e información errónea. "Nadie elige enfermarse", sostenía un comunicado de la Municipalidad ante la difusión de las identidades de los pacientes y las amenazas que circulaban en Facebook y Whatsapp, mientras se intentaba llevar tranquilidad a la población acerca del cumplimiento de las medidas previstas para evitar los contagios, a la vez que se aconsejaba el uso de barbijos en lugares públicos.

Paralelamente Olavarría mostraba su cara solidaria. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días cedió sus instalaciones a la Municipalidad y junto con el Regimiento equiparon 20 camas para que el Hospital Municipal pudiera utilizarlas con pacientes con coronavirus.

Instituciones y grupos solidarios se organizaban para dar respuesta a la creciente demanda social. Los políticos también se hicieron eco de los reclamos. El intendente Galli dispuso una reducción del 20% de su salario y de todo el gabinete. Los fondos estarían destinados a la adquisición de insumos médicos para afrontar la pandemia del Covid-19. En tanto, los concejales informaron que donarían el mismo porcentaje de sus sueldos para enfrentar la emergencia sanitaria. EL POPULAR estimó que la suma de estos aportes rondan 2,1 millones de pesos.

El primer día de reapertura de los bancos provocó largas colas desde muy temprano, en Olavarría y en distintos lugares del país. Abrieron exclusivamente para la atención de jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo que no contaban con tarjeta de débito, interrumpiendo así la cuarentena dispuesta en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus. Amontonamiento y quejas por la inexistencia y falta de acceso a instalaciones sanitarias se multiplicaron en las instituciones bancarias céntricas.

Frente a esto, al día siguiente se tomaron medidas para revertir la situación: hubo presencia policial, se cortaron calles y se dispusieron sillas para que quienes debían esperar lo hicieran respetando las distancias aconsejadas.

En el marco de la emergencia sanitaria, la Procuración General y el Tribunal de Casación Penal de la Provincia adoptaron medidas para reducir el riesgo de contagio de coronavirus en las cárceles bonaerenses. En el Penal de Sierra Chica, más de un centenar de internos accedió al arresto domiciliario. De manera específica se consignó que se trató de 17 internos que estaban detenidos en la Unidad Nº 2 de máxima seguridad, 53 de la U38 y 42 presos de la Unidad 27, que es de régimen abierto y semiabierto.

En las cárceles bonaerenses el clima era de tensión por la falta de seguridad sanitaria, con los agravantes de la superpoblación y el hacinamiento existente. Los detenidos, que estaban más comunicados debido a la tenencia de celulares, intentaban coordinar acciones y negociar medidas de seguridad.

Desde la Provincia se dispusieron cambios sobre el Servicio Alimentario Escolar (SAE) que modificaron la prestación en las escuelas y que también afectaron a los proveedores. El Municipio elevó un planteo al Ministerio de Desarrollo al considerar que "los proveedores locales no pueden afrontar esas cantidades de alimento ni los precios que se disponen desde Provincia". Finalmente, el 16 de abril comenzó la entrega de las bolsas; el primer turno fue para los establecimientos de la DIEGEP: la Casa de María, el Instituto Helen Keller, Corim y el Instituto de Enseñanza Oral (Ideo) recibieron así un total de 150 bolsas ese día.

A mediados de mes, poco a poco más rubros retomaban sus actividades, se permitió la apertura de talleres, venta de repuestos, librerías y fabricación de neumáticos, además de los bancos, que debían funcionar con protocolos sanitarios, organización por turnos para la prestación de servicios y adecuación de los modos de trabajo. Los comercios no podían realizar atención al público y debieron adaptarse al delivery.

También comenzó a regir el decreto que regulaba las compras en la ciudad por terminación de DNI, con el objetivo de restringir la circulación en las calles y disponiendo fuertes multas para quienes no cumplieran con lo dispuesto. La Cámara Empresaria emitió un comunicado mostrando su disconformidad con la medida y sosteniendo, al mismo tiempo, que esto perjudicaba al comercio que debería pedir el DNI a los clientes. Los olavarrienses debieron acostumbrarse a realizar sus compras según su documento: pares los lunes, miércoles y viernes e impares los martes, jueves y sábados. Desde la Comuna afirmaban que estas nuevas medidas se tomaron a raíz de la "ampliación de actividades exceptuadas" lo que se tradujo en "una mayor circulación de personas en la vía pública".

En el marco de una recorrida por distintas ciudades del centro de la provincia, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, visitó puntos estratégicos de Olavarría, como el Hospital Municipal, la Iglesia ubicada en Alsina y Sarmiento que fue reacondicionada ante la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19 y el acceso a la ciudad por avenida Pringles. El funcionario provincial analizó el trabajo que se viene realizando por la emergencia sanitaria por el coronavirus y confirmó que se restringía la cantidad de policías en los operativos en los dos accesos a la ciudad.