Más parches para penalizar el delito
La declaración de emergencia para la seguridad bajo la lupa. Cifras contrapuestas. A una década del paquete de leyes blumberianas, el gobierno de Daniel Scioli redobla la apuesta. A pesar de que los resultados del manodurismo están a la vista.
A diez años de las leyes Blumberg, el paquete de medidas anunciadas por Daniel Osvaldo Scioli el sábado al mediodía parecen redoblar la apuesta. Una década atrás, los presos en las cárceles bonaerenses eran poco más de 18.000. Hoy son 33.000 y el Gobernador, con su anuncio de alcaidías y unidades penales, llegará a duplicar aquel número. En el año en que Juan Carlos Blumberg impulsó y logró ese juego de parches que quitaron todo sentido al Código Penal, se abrieron en la provincia de Buenos Aires 505.373 causas penales. En 2012, las causas llegaron a 656.258. Es decir que la pretendida eficacia que debía comportar el manodurismo penal sólo logró -comparativamente- 150.885 causas más y 15.000 presos más pero el miedo y los niveles de inseguridad -al menos por lo que surge del reclamo social- no mejoraron. ¿Cómo se entiende? La primera gran respuesta es simplemente que el endurecimiento punitivo no se traduce en mayor seguridad.
Scioli anunció 600 millones de pesos para destinar a la emergencia en seguridad. Dinero que -según dijo- surgirá de parte de las utilidades del Banco Provincia y que sextuplica lo destinado a becas para hogares, centros de día y casas del niño. Un universo que contempla la atención sanitaria, alimenticia, educativa, afectiva y constitutiva de 227.925 chicos a través de 104.760.000 pesos. El gran detalle es que esos 600 millones que destinarán -según anunciaron- a la adquisición de 1.000 patrulleros, 30.000 chalecos antibalas y 10.000 armas con sus municiones se aportarán, un billete sobre el otro. Las becas, en tanto, suelen padecer atrasos agónicos que, en ocasiones, conducen al cierre de organizaciones.
El paquete de medidas pro-securitate implica además la creación de fiscalías específicas para la investigación de causas por narcotráfico. El gran debate siempre pendiente es por qué el Estado no ha ido nunca a fondo en ese tipo de casos. El gran interrogante sería: ¿puede el Estado romper con entramados que -a través de complicidades, connivencias, zonas liberadas- ayudó a través de algunas de sus patas a sostener?
"La policía es un instrumento de gestión política de las conflictividades. No es una instancia del sistema penal. Se encubre o se consiente a cambio de que la policía genere un grado de gobernabilidad que garantice tranquilidad y paz social, que neutralice riesgos y conflictos políticos. Lo que la política hace es el consentimiento informal a que la policía gestione incluso ilegalmente al crimen", declaró Marcelo Sain, diputado por Nuevo Encuentro, en una nota publicada en EL POPULAR (09-03-14).
La declaración de emergencia en materia de seguridad implica además "sortear los escollos burocráticos y administrativos para la adquisición de insumos, sin necesidad de apelar a procesos licitatorios" (Asociación Pensamiento Penal). No hay, en definitiva, necesidad de dar respuesta a nadie que pretenda transparentar los procedimientos. Y si a esto se suma reincorporar a 15.000 retirados de la fuerza de seguridad y contratar, para la colaboración, a agentes de seguridad privada, las perspectivas prometen un manodurismo de eficacia punitiva atroz.
La puesta en escena de Scioli, de cara a ganar un electorado volátil de cara al 2015, incluye además la gran promesa: revisar el régimen de personas menores de edad en conflicto con la ley penal. A pesar de las flamantes estadísticas que dio a conocer la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia que dan cuenta de que apenas el 2,9 por ciento de los homicidios dolosos cometidos en el primer semestre de 2013 fueron cometidos por chicos menores de 16 años. Y que, del total de 756 crímenes cometidos en ese período, que hoy por hoy tienen 1.044 imputados, 30 tienen menos de 16 y 115 tienen 16 y 17 años. Como elemento para entrecruzar, no hay que perder de vista que son 33.000 los detenidos en unidades penales del SPB y apenas 500 los chicos menores de 18 en regímenes cerrados y otros 100 en regímenes de semilibertad. De esos 500, sólo 40 tienen menos de 16 años (8 por ciento) y del total de 600, entre el 32 y el 35 por ciento son mayores de 18, pero que permanecen bajo encierro desde que eran menores.
Dentro de diez años no será Blumberg ni tampoco Scioli. Los resultados de ese cóctel explosivo que mezcla inequidad con manodurismo suelen dejar jirones de dolor en la sociedad.