En una decisión que ha resonado a lo largo de la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof ha implementado un aumento significativo en los impuestos, llegando hasta un 200% en casos particulares. Este impuestazo, aprobado por la Legislatura bonaerense, representa un golpe duro para los contribuyentes, especialmente en un contexto de inflación elevada y dificultades económicas.

Lo más sorprendente de esta situación es la reacción, o más bien la falta de ella, en Olavarría. A pesar de enfrentar un aumento impositivo que en algunos casos alcanza el 300% para un porcentaje de contribuyentes, la ciudad ha permanecido notablemente tranquila. Esta ausencia de cacerolazos o protestas masivas es un indicativo de la apatía o posiblemente de la resignación que siente la comunidad ante medidas económicas tan contundentes.

El gobierno de Kicillof defiende estos aumentos como necesarios para avanzar con una estructura impositiva más progresiva, justificando que los incrementos buscan que aporten más aquellos con mayor capacidad económica. Sin embargo, esta visión no parece aliviar la carga que ahora enfrentan muchos bonaerenses, que ven cómo sus obligaciones fiscales se incrementan de manera significativa.

Además, el gobierno provincial ha buscado endeudamiento adicional, elevando la cifra hasta 1.800 millones de dólares, argumentando la necesidad de cubrir vencimientos de deuda y compensar la disminución de recursos federales. Este panorama financiero, combinado con los aumentos impositivos, plantea un escenario de ajuste y presión económica que afectará a todos los sectores de la sociedad.

En Olavarría, esta situación plantea preguntas sobre la efectividad de la acción colectiva y la voz del pueblo frente a decisiones gubernamentales que impactan directamente en su bienestar económico. La falta de una respuesta contundente a estas medidas puede interpretarse como una señal de descontento silenciado o una resignación a las realidades económicas impuestas desde el gobierno provincial.