La Mesa Interuniversitaria Nacional de Educación en Contextos de Encierro, integrada por programas y proyectos de Universidades Nacionales con trabajo en instituciones penales de todo el país, manifestamos nuestra profunda preocupación por la situación que se vive en las cárceles ante el brote del coronavirus COVID-19.

En el actual contexto nacional de emergencia sanitaria, que involucra importantes y necesarias medidas de prevención frente a la pandemia, la situación impacta de forma particularmente grave en las cárceles dependientes de los servicios penitenciarios provinciales y federal.

A una situación generalizada y, en los últimos años, cada vez más grave, de hacinamiento, superpoblación y deficiencias importantes en el acceso a derechos como la alimentación, la higiene y la salud, se suman hoy profundas dificultades para garantizar las condiciones necesarias para prevenir una enfermedad viral altamente contagiosa como el COVID-19.

Esto configura una situación de urgencia, que hemos podido relevar desde los espacios institucionales que integramos, a través de nuestros vínculos con la población penal, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales con trabajo en cárceles.

Esta situación ha desencadenado, en algunos casos, formas de autoorganización y solidaridad dentro de las cárceles, pero también protestas y represiones, algunas con gravísimas consecuencias, incluyendo cinco muertes.

En virtud de prevenir posibles escenarios de conflicto en los que la salud y la vida de la población privada de la libertad y del personal penitenciario puedan correr peligro, queremos hacer un llamado a las distintas autoridades nacionales y provinciales a que tomen acciones inmediatas y coordinadas para abordar la situación en toda su complejidad, en el marco de la situación general de emergencia que atravesamos y, particularmente, del aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno Nacional.

A partir del conocimiento generado en el territorio por nuestra participación y trayectoria en distintos proyectos de investigación, docencia y extensión, hacemos una serie de recomendaciones:

- Impulsar medidas judiciales y procedimientos ejecutivos para la reducción de la superpoblación y el hacinamiento, a través de mecanismos que permitan a las poblaciones de riesgo y a quienes ya acceden a salidas transitorias o regímenes de semilibertad, transitar la emergencia sanitaria fuera de las cárceles. Diseñar y aplicar a su vez otros tipos de medidas que atenúen la prisionización y reduzcan la superpoblación y el hacinamiento, limitando por ejemplo las prisiones preventivas y permitiendo libertades anticipadas en casos de delitos no violentos.

- Garantizar rápidamente las condiciones de prevención del COVID-19 en las unidades penales, en favor tanto de los/as/es detenidos/as/es como del personal penitenciario. En tal sentido, debe garantizarse la provisión de insumos sanitarios de prevención, de higiene y de limpieza, y controlar que efectivamente lleguen a quienes están destinados, y aplicar protocolos de ingreso y circulación interna.

- Prestar especial atención al abordaje integral de la salud de las/os/es detenidos/as/es, siguiendo las recomendaciones de profesionales y especialistas del campo de la medicina y la salud mental, sobre las medidas a adoptar para situaciones de confinamiento masivo. Deben recibir especial atención aquellas personas que son calificadas como población de riesgo (mujeres embarazadas, pacientes inmuno deprimidos, mayores de 60 años y con patologías preexistentes), sobre todo teniendo en cuenta que son las propias condiciones de encierro las que mayormente provocan o intensifican enfermedades (tuberculosis, HIV, entre las principales) y afectan la salud mental de la población encarcelada.

- Proveer de alimentos adecuados e insumos para el higiene personal y la limpieza de los espacios por parte de los servicios penitenciarios, y arbitrar los medios para que los familiares acerquen mercadería, atendiendo al cumplimiento de las medidas de aislamiento obligatorio (asignación de turnos; evitar largas filas, disponer de todos los instrumentos de salubridad para el contacto personal, etc.). En tal sentido, considerar los medios y permisos de circulación necesarios, a través de las instituciones correspondientes, para que los familiares puedan llegar a las unidades penales.

- Propiciar los canales de comunicación (telefónicos y virtuales) de las y los detenidos/as con sus familiares y círculo afectivo, de manera de contribuir a mantener el contacto en esta situación excepcional de emergencia sanitaria y aislamiento social.

Por último, como programas y proyectos integrados a las universidades públicas, queremos ofrecer a los estados provinciales y nacional nuestra colaboración para llevar adelante las medidas que sean necesarias para proteger y efectivizar el derecho a la salud y la vida de las personas privadas de la libertad y de la población en general.