El fiscal de la UFI Nº 1 de Azul, Marcelo Fernández, pidió la elevación a juicio de la causa donde 9 policías del área de Seguridad Vial están acusados de formar parte de una asociación ilícita que se dedicaba a cobrar coimas a conductores de vehículos menores y a recibir dádivas de empresas de transportes cuyos rodados de carga transitaban por el corredor vial comprendido por las rutas nacionales 226 y 3.

Entre los destacamentos policiales están los de Tandil, Azul, Las Flores, Gorchs y Monte. Esas sedes fueron allanadas el 10 de mayo de 2018 cuando también fueron detenidos 4 de los imputados.

Meses después uno de ellos -bajo la figura del "arrepentido", que por primera vez se aplicó a escala judicial en el ámbito de la provincia- declaró y se convirtió en el primero en ser excarcelado. Se trata del subcomisario Emiliano Sparaíno, azuleño y con domicilio en Olavarría ya que cumplió funciones como jefe en Hinojo. En la requisitoria de elevación a juicio de esta causa continúa procesado por asociación ilícita en concurso real e ideal con cohecho pasivo, ofrecimiento de dádivas y admisión de dádivas que concurren realmente entre sí.

La Fiscalía consideró acreditados 28 hechos que involucran a los acusados. Los cuatro primeros detenidos cumplen hoy con prisión domiciliaria. Los siguientes cinco imputados están en libertad. Todos fueron apartados de la fuerza.

Los primeros detenidos fueron los capitanes Javier Murray y José Luis Arrubia, el subcomisario Sparaíno y el suboficial inspector Raúl Ferreyra. Los siguientes acusados son los comisarios Julio Ezequiel Olate, Mario David Vivas, Fidel Prudencio Ovejero y Jorge Ismael Pagano, y el subcomisario Pablo Alejandro Jiménez Chumbita.

Tal como informó Diario El Tiempo de Azul, desde la UFI Nº 1 se elevó la causa a juicio y ahora el Juzgado de Garantías Nº 3 cuyo titular es Juan José Suárez deberá resolver si la acepta.

Más allá de pruebas que se fueron incorporando, un importante plexo de evidencias estuvo conformada por varias horas de escuchas a los teléfonos de los policías encausados, los cuales en su momento habían sido intervenidos desde la Justicia.

En carácter de coautores o partícipes de una asociación ilícita y de otros delitos, en la extensa requisitoria se menciona que los hechos investigados ocurrieron, "por lo menos", entre enero y mayo de 2018. La investigación avanza hasta establecer el sector donde se cobraban las coimas, las relaciones entre los acusados y con los empresarios así como los roles que cumplía cada imputado y las modalidades de cobro.