Por delante aparecen la decisión gubernamental de rescindir las concesiones de cinco corredores viales, entre ellos los que comprenden a las rutas nacionales 226 y 3, y la absorción del personal que comprende a unos 1700 trabajadores en total, además de la inactividad del peaje de Hinojo, que hace varios días mantiene sus barreras altas, con el paso vehicular liberado.

Sin embargo, estos hechos son más que eso e, inevitablemente, conducen a la posibilidad de concretar o no la autovía que uniría las Azul y Olavarría, entre otras, con CABA. "No hay voluntad política de acordar sobre algo tan importante como la red vial", analizaron ayer desde la Fundación CEDA, que hace años lucha para hacer realidad la doble vía (ver aparte).

El lunes último, y después de meses de negociación, el Gobierno privilegió el incumplimiento de las inversiones y rescindió la concesión de cinco de los seis corredores viales que quedaban vigentes y que habían sido adjudicados en julio de 2018 a través del régimen de participación público privada (PPP), durante la gestión macrista.

Finaliza así una iniciativa que, en resumen, generaba un esquema en el que el privado ponía el dinero para hacer las obras y se cobraría con un bono del Estado después de terminadas, además de percibir el flujo de la recaudación por una determinada cantidad de años y en la mayoría de los casos, por anticipado.

En esta zona, regía el Corredor A, uno de los rescindidos: une Las Flores con Coronel Dorrego y Olavarría con Mar del Plata, y estaba a cargo de una UTE entre Paolini Hermanos, Vial Agro e INC, reconocida como Cruz del Sur.

Al igual que en todas las estaciones comprendidas en el corredor, en el peaje de Hinojo se ha dejado de cobrar a los automovilistas hasta tanto se cumplimenten las cuestiones legales derivadas del cambio, que ha dejado el servicio en manos de Corredores Viales.

Todos los empleados de las concesionarias pasaron a formar parte de la nómina de una empresa estatal llamada Corredores Viales. Esta firma fue creada en épocas de Guillermo Dietrich como ministro de Transporte. La finalidad fue que allí se emplearan a los trabajadores de la concesión que tenía Cristóbal López en el corredor Ezeiza - Cañuelas cuando fue rescindida y hasta que se vuelva a privatizar, en julio de 2018.

En total, 1751 empleados pertenecerán a la empresa estatal. De ellos, 222 son trabajadores del Corredor A que involucra a nuestra zona.

Respecto de las concesiones, "fueron contratos diseñados para favorecer al sector financiero. Las obras tuvieron una ejecución de solo el 2% en promedio y le iban a salir al Estado tres veces más. Alcanzar estos acuerdos significa ahorrarle a la Argentina un costo millonario en dólares", sostuvo el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

A partir de estos acuerdos, los cinco corredores serán administrados por Vialidad Nacional, a través de Corredores Viales S.A, que irá realizando las obras por etapas mediante un programa de recuperación que forma parte del Plan Nacional de Obras Públicas.

Según detalló el diario La Nación, unos 1.751 trabajadores de las concesionarias pasarán a pertenecer a la empresa estatal Corredores Viales. "Nos encontramos en el proceso de traspaso de operación y en los próximos días se normalizará el cobro (de peajes). Esperamos que esto ocurra en no más de una semana. Estamos terminando de armonizar los sistemas operativos recibidos con los propios. Es importante aclarar que sólo está afectado el cobro, pero están garantizados todos los aspectos vinculados a la seguridad vial, auxilio mecánico, trabajos de mantenimiento, etcétera", explicaron desde Obras Públicas.