Tres personas que están acusadas como supuestos partícipes de una asociación ilícita que se dedicaría a la venta de drogas recibieron el beneficio de la prisión domiciliaria bajo custodia de efectivos de la Policía Federal Argentina, en tanto que el abogado de uno de ellos cuestionó el operativo que derivó en la detención de su defendido y el hallazgo de once gramos de cocaína cuatro horas después de iniciado el allanamiento.

Estas objeciones del letrado fueron presentadas en una denuncia que se formalizó ante personal de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense con sede en Azul, aunque la demora en la investigación solicitada llevaría a una nueva exposición que se concretaría a corto plazo directamente en las oficinas centrales con sede en La Plata.

Héctor Alejandro García, Hugo Martín Paroli y Martín Eduardo Leal fueron detenidos en noviembre del año pasado en nuestra ciudad y en Azul, en el marco de una serie de allanamientos donde también fueron apresados los hermanos Marcos Aarón Cairo y Pablo Rubén Cairo (sindicados como los presuntos cabecillas de esta presunta organización delictiva y responsables del "lavado de activos" proveniente de la actividad ilegal), además de Ramiro Jouandon y Gerardo Pacheco.

El doctor Emanuel Barrionuevo, representante legal de los hermanos Cairo y otros dos acusados, había planteado en febrero de este año que "la Policía llevó adelante esta investigación donde no se han encontrado pruebas que incriminen a mis defendidos en los delitos que les imputan. La causa se llenó sólo con conjeturas que la propia Policía realizó. Pero en concreto no hay nada".

En el mismo sentido, el abogado de Martín Leal, doctor Javier Herrera, explicó ayer que en la causa que lleva adelante la Justicia Federal se están realizando pericias sobre teléfonos que fueron secuestraron en los allanamientos del año pasado y que se continúa investigando otras pruebas, si bien "estaríamos cerca de la elevación a juicio de la causa".

"Nosotros tenemos una denuncia que hicimos en Asuntos Internos de Azul, por el allanamiento que realizaron policías de la provincia de Buenos Aires" y que próximamente "se va a presentar otra denuncia en La Plata porque no se le dio curso a la investigación hasta el momento".

Herrera señaló que "en la causa federal aparecen ciertas pericias y pruebas que nos convenían y no les dieron lugar en Asuntos Internos", además de remarcar que uno de los puntos objetados de la causa es que "cuando apareció la droga había gente que no tenía que estar en el allanamiento".

En ese sentido, agregó que "un policía se presenta en los allanamientos cuando no tenía la orden de hacerlo, porque para eso se conforma un parte policial donde tiene que decir quien va a ir" y puntualizó que "el allanamiento comenzó a las 10 de la mañana y la droga aparece a las 2 de la tarde, cuando un policía que no debía estar ahí llegó a las 2 menos cuarto de la tarde. Y encima la droga aparece arriba de un placard donde no se había encontrado nada antes".

El doctor Herrera indicó que "aportamos nombres de quienes estuvieron autorizados para hacer el allanamiento y quién no, pero esa investigación no avanzó hasta ahora".

Y expuso que en la presentación ante Asuntos Internos "llamaron a dos testigos del allanamiento y no les preguntaron lo que le tenían que preguntar".

Paralelamente, el abogado adelantó que "voy a pedir el sobreseimiento de mi defendido" y cuestionó que "para una megacausa estamos hablando de una cantidad donde no llegamos ni a 100 gramos de cocaína, además de que dicen que a mi cliente le encontraron solamente 11 gramos".

El operativo

Los procedimientos que abarcaron varios domicilios de Olavarría y que finalizaron con la detención de seis personas fueron realizados por personal de la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de Azul; a través de las instrucciones emanadas por el Juzgado Federal Nº 2 de Azul, a cargo del juez Martín Bava, y la Secretaría Nº 3 de esa dependencia, que coordina la doctora Julia D''Aloisio.

Según la investigación, la banda desmantelada se habría dedicado a la comercialización de drogas, y el dinero recaudado a través de esta transacción habría sido utilizado para la adquisición de propiedades y vehículos, un delito conocido como "lavado de activos".

El modus operandi sería vender la droga a través de los cómplices o dealers, y mediante el dinero recaudado se adquirían inmuebles.

Ante esa hipótesis secuestraron en los 14 allanamientos realizados, uno de ellos en Azul, 10 vehículos, varios de ellos de alta gama y gran cantidad de documentaciones vinculadas a propiedades, además de realizar operativos en una inmobiliaria céntrica y en una escribanía.

Fueron en total secuestradas cinco camionetas, cinco automóviles y una motocicleta; así como cocaína y marihuana en cantidades no especificadas, más de 170 mil pesos, dólares, una máquina de contar dinero, 19 teléfonos celulares, 16 chips telefónicos, cuatro notebooks, dos PC, tres tablet, copias de actuaciones notariales y 21 carpetas con documentación, entre otros elementos.