El 1 de septiembre, y tras numerosos procedimientos llevados a cabos en diferentes puntos del país, en Olavarría se detuvo al que sería el cabecilla de una banda dedicada al robo de petróleo de un oleoducto de YPF. Fueron 22 detenidos y 39 allanamientos. Este lunes el diario La Nación confirmó el procesamiento y el embargo de los acusados.

"Estuvieron activos, por lo menos, un año y medio. Los roles y funciones de cada uno estaban bien definidos. Por un lado, estaban los planificadores de "la operatoria" y quiénes debían conseguir el dinero para financiar el objetivo. La segunda capa de la banda estaba compuesta por los encargados de la logística y de hacer las punciones en los oleoductos. A continuación, aparecían los que tenían como misión el traslado del crudo robado para llevarlo hacia las refinerías ilegales donde elaboraban gasoil, nafta y fueloil para, después, introducirlas en los mercados formal e informal. Así funcionaba la organización que robaba petróleo de YPF. Sus planes parecían no detenerse ni siquiera con la muerte de un operario, que falleció después de sufrir graves quemaduras durante un explosión e incendio. Los imprevistos, sin embargo, surgieron con el Covid-19 y los rastrillajes que se hicieron para buscar a Facundo Astudillo Castro, cuyo cadáver apareció cerca de Bahía Blanca, situaciones que les habrían impedido a los delincuentes continuar con su plan criminal" escribió el periodista de La Nación, Gabriel Di Nicola.

En las últimas horas, después de un pedido hecho por la fiscal federal de Lomas de Zamora Celina Incardona, el juez Juan Pablo Augé procesó con prisión preventiva, bajo la modalidad de arresto domiciliario, a 22 sospechosos y trabó embargo sobre los bienes de los imputados hasta cubrir la suma de $353.000.000

"La asociación conformada por los aquí imputados, con una clara división de roles y funciones, al menos desde el mes de marzo de 2019 y hasta el pasado 1 de septiembre, se apropió de petróleo propiedad del Estado Nacional el que, en algunos casos, fue sometido a procesos de destilación y refinado para obtener productos derivados y fue insertado en el mercado tanto formal como informal obteniendo un alto rédito económico, al margen de la correspondiente tributación. En el marco de dichas actividades ilícitas realizaron acciones que dañan el medio ambiente, producto de los desechos generados en esa cadena productiva. La apropiación del combustible tuvo lugar a través de punciones que se realizaron en oleoductos que pertenecen a la empresa estatal YPF", sostuvo la fiscal Incardona en su dictamen, al que tuvo acceso LA NACION.

Los sospechosos fueron procesados por diferentes delitos: asociación ilícita, robo agravado, estrago agravado por el peligro común para los bienes y por haber sido la causa inmediata de muerte de una persona.

Fuente: La Nación y Archivo EL POPULAR