El eseverrismo propuso que Olavarría adhiera a la denominada "Ley Micaela" al tiempo que se señaló la importancia de pensar las temáticas de género como políticas de largo plazo y sostenidas. En este caso, se trata puntualmente de promover la capacitación sobre violencia de género para funcionarios y agentes municipales. La intención es que sea obligatoria, para lo que se contempla la posibilidad de "intimar" a quienes se nieguen a participar.

El bloque de concejales Cuidemos Olavarría presentó el proyecto de ordenanza en el que promueve la adhesión del Municipio a la ley nacional 27.499. "Tiene como principal objetivo formar, concientizar al personal y funcionarios del Estado en la lucha contra la violencia de género" se explicó desde el eseverrismo al tiempo que se tomó en cuenta que desde su sanción en el Congreso de la Nación, tanto la provincia de Buenos Aires como distintos distritos municipales han adherido a la norma, tal como sucedió en La Plata y Tandil.

Desde el bloque de concejales se destacó que "el proyecto de ordenanza prevé que sea el Departamento Ejecutivo el encargado de establecer la forma en que se materializará la adhesión a la ley nacional a través de la Dirección Municipal de Políticas de Género".

El proyecto de ordenanza fue presentado en el inicio de la última sesión legislativa. Se formalizó así su ingreso para dar paso al estudio en las comisiones de Género, Hacienda y Legislación. De esta manera, se espera que en breve comience su debate.

Al respecto, desde el bloque de concejales del eseverrismo se destacó que "los temas de violencia de género deben ser políticas públicas de largo plazo y sostenidas en el tiempo, por lo que se buscará un trabajo entre el Ejecutivo y el resto de los bloques".

Se tuvo en cuenta que en Olavarría ya existen diversas ordenanzas en vigencia que promueven la prevención de la violencia contra la mujer. Entre ellos, se destacó la ordenanza 3.910/15 que creó la partida presupuestaria de Atención Integral de la Violencia contra la Mujeres, Género y Familiar y la ordenanza 3.980/16 que inhabilita a cargos jerárquicos y empleo público a personas que tengan causas de violencia de género y familiar. Se recordó que ésta última fue presentada por el espacio político liderado por José Eseverri.

Leé el proyecto completoacá.