Con el fin del congelamiento, el presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz, calificó de "grave situación" luego del final del decreto que permitía el congelamiento de los precios de los alquileres e impedía los desalojos.

"Hay 300 mil familias que tienen deudas de hasta cinco meses de alquiler, de las cuales la mitad están en el AMBA" apuntó Muñoz.

En medio de versiones de un nuevo congelamiento en el precio de los alquileres, el gobierno puso en marcha a un protocolo para asistir a familias en situación de desalojo.

En este contexto, a través de la Resolución 88/2021 publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Desarrollo Territorial instruyó a la Secretaría de Desarrollo Territorial a arbitrar los medios necesarios para coordinar acciones de colaboración y cooperación con los entes ejecutores provinciales y locales de los proyectos de viviendas construidas con aportes del Estado Nacional, con el fin de abordar soluciones habitacionales para aquellos hogares que requieran asistencia pública.

El decreto remarcó que, a tal efecto, se establecerán los criterios de priorización de las personas, teniendo en consideración a las familias monoparentales, en situación de violencia de género, a las personas con discapacidad, mayores o en situación de vulnerabilidad, entre otros.

En declaraciones a la Agencia de Noticia Télam, Luciano Scatolini (secretario de Desarrollo Territorial) dijo: "Impulsamos una nueva Ley de Alquileres que por primera vez regula y protege al sector más vulnerable de la relación contractual, que es el inquilino. También un Plan Nacional de Suelo Urbano, para regularlo, porque sin suelo urbano no hay vivienda. Y además una política de ciudades con criterios de acceso justo a los territorios, porque sin eso, no hay equidad territorial. Todas estas acciones van a la vez".