Y el mes se iniciaba con la noticia de que la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Mar del Plata resolvió en segunda instancia declarar la competencia del Juzgado Federal Nº 1 de Azul para entender en la investigación penal iniciada a principios de este año por la pérdida de 400 vacunas que estaban en el Hospital de Oncología, que hasta el momento era tramitada a través de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 10 de Olavarría,

"Creemos que resulta competente para intervenir en la presente investigación, la justicia federal penal de la ciudad de Azul, debiendo ser mantenida en la Secretaría de tal Juzgado (N °3), a la que oportunamente se asignó. Todo esto amerita la pertinente investigación de la Justicia Federal en orden a las posibles infracciones a la ley penal y/o disposiciones administrativas pertinentes que con el devenir de la investigación en curso pudieren constatarse", se señaló en el fallo.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría, José Stuppia, agitaba las aguas en un ámbito también vinculado a la salud, el farmacéutico al declarar que el gremio insistiría en la apertura de una farmacia gremial, copiando el modelo de la ya existentes del SOECO y del CECO, aunque señaló que "no estará abierta a la comunidad y será exclusiva para los trabajadores municipales".

Y aseguraba que "hay un negocio armado acá en Olavarría. Las farmacias, acá y en todos lados, le meten todo el tiempo la mano en el bolsillo a las familias olavarrienses y, como yo soy un defensor de la competencia, quiero muchas más farmacias y mejores precios. Porque si hay algo que está cartelizado en Olavarría son los precios de los medicamentos".

Al día siguiente el presidente del Colegio de Farmacéuticos, Fernando Bueno, le respondía señalando que "el precio de los medicamentos está fijado por los laboratorios y a los aumentos los autoriza el Estado. Somos treinta y pico farmacias en Olavarría, más dos o tres farmacias gremiales, que nos regimos por ello".

En tanto, el gobierno municipal imponía nuevas restricciones por un par de semanas. Al anunciarlas, el intendente Ezequiel Galli decía que "teniendo en cuenta algunos datos que nos hacen tomar decisiones (nos gusta tomar decisiones con datos), creemos que las medidas tomadas el 23 de marzo tuvieron efecto en la baja de positividad, pero no así en la ocupación de camas de Terapia Intensiva. Teniendo en cuenta que estamos ante la inminente llegada del frío, hay que tomar medidas para llegar al pico del invierno de la mejor manera en cuanto a camas, ya que a las internaciones por Covid se suman accidentes de tránsito y otras patologías que terminan derivando en ocupación de camas de cuidados intensivos".

Como para dejar en claro que la otra pandemia permanente, los siniestros viales, había disminuido por la irrupción del corona virus, pero no desaparecido, un choque frontal entre un Peugeot 207 y un Volkswagen Polo a la altura del puente Querandíes dejaba siete heridos de consideración.

Horas más más tarde, Raquel Azucena Cárceles, de 64 años, vecina de General La Madrid que viajaba en el Polo se convertía en la séptima víctima fatal de los accidentes de tránsito registrados en Olavarría.

Por esos días, la Justicia ordenaba la liberación del "Vikingo", Walter Grosse, uno de los ex represores condenados por los delitos de lesa humanidad cometidos en Olavarría, por presentar un cuadro de demencia.

El 10 de mayo vencía el plazo dado a quienes habían ocupado un predio detrás del barrio Lourdes para que abandonaran el lugar y algunas personas decidieron mudar las carpas al frente de los lotes, con el objetivo de que el reclamo no deje de visibilizarse, pero otros rechazaron irse del lugar hasta no tener "una solución concreta" a sus demandas.

La toma quedó reducida a dos carpas.

A mediados del mes, la diputada del Frente de Todos Liliana Schwindt presentó un proyecto para incluir a Olavarría entre las zonas frías, lo que significaría una importante rebaja en el precio de las tarifas.

El 15 de mayo confirmaban que ante la baja de los casos de Covid se habilitaban más actividades.

El domingo 16 hubo un asalto cargado de violencia en un domicilio de Alvaro Barros al 1500, entre avenida Ituzaingó y Piedras.

Allí dos delincuentes entraron a la casa y uno de ellos redujo a la moradora, que estaba en el patio, la tomó del cuello y le exigió dinero.

"No me mates. Soy una mina buena que laburo hace 30 años para criar a mi hijo", refirió la víctima después a EL POPULAR. El ladrón se apoderó de unos 30 mil pesos mientras su cómplice ingresaba al lugar y se cruzaba con el otro ocupante del domicilio, un adolescente de 17 años. El chico había advertido la situación y tomó una escopeta que había en la casa, con la que le disparó en la cara al asaltante, un hombre de 45 años.

El sonido de la descarga alertó a los vecinos, que llamaron al 911. El ladrón en fuga fue capturado en Junín y Necochea tras una refriega mientras su compañero era trasladado en una ambulancia.

El 22 de mayo las pocas personas que persistían en la toma de terrenos lanzaban un dramático pedido de ayuda a la comunidad, ya que tras una tormenta "se nos mojaron los fideos, las cobijas y nos quedamos sin comida ni abrigo. Por suerte en la única carpa del predio la gente que se fue armó una especie de hornito de barro. Nos metimos ahí y al menos podemos soportar mejor el frío, estamos calentitos, pero nos faltaría leña".

El 16 de mayo una mujer fue víctima de un violento ataque en el Parque Sur y se detuvo a un hombre por ese hecho. Pero fue finalmente liberado y diez días después fue detenido por esa agresión Eduardo Luna, conocido como "Coto", de 47 años, en un domicilio de Grimaldi Bis y Guisasola.

Un paro de choferes de colectivos de 48 horas tuvo un alto impacto en Olavarría.

El penúltimo día del mes el intendente Ezequiel Galli señalaba que merced al "enorme esfuerzo de todos los vecinos y de nuestro personal de salud, Olavarría es uno de los 13 municipios que está en la denominada Fase 3 que establece el Gobierno Provincial" por lo que "desde el lunes se retoma la vigencia del Decreto 1996/21, cuyos efectos fueron interrumpidos por el DNU 334/21 del Presidente" y se volvía a las clases presenciales.