Lo dispuesto por el gobierno nacional según Lucero "es una medida muy necesaria, que viene muy bien ante una situación tan complicada, para proteger y cuidar a los trabajadores en relación de dependencia".

El primer decreto de este tipo rigió desde el 1 de abril de 2020, luego se dispuso una prórroga desde el 1 de junio y hubo una tercera disposición a partir del 1 de diciembre.

Lucero se refirió a la eventual invalidez de la norma ante la insolvencia empresarial.

"Si manifiestan estar complicados, lo van a tener que respaldar con argumentos o herramientas legales que certifiquen esa situación crítica" dijo.

"Entre los empresarios hay algunos pícaros que aprovechan estas crisis para tratar de despedir compañeros, y en algunos casos los podrían llegar a bancar, como muchísimas veces los trabajadores bancamos a los empresarios, generando riquezas y más riquezas, mientras los trabajadores seguimos cobrando lo mismo. Nunca repartieron en las épocas de bonanza" enfatizó.

De acuerdo con el Decreto 891/2020, publicado en el Boletín Oficial, la prohibición de despidos y suspensiones finalizaba el 29 de enero próximo, por lo que el Gobierno decidió prorrogar la medida durante la reunión de Gabinete Económico que se realizó el jueves.

Alejandro Santillán (secretario general de AOMA Olavarría) pertenece a una actividad que, si bien está inmersa en la crisis, tiene números de despachos no tan alejados de la antigua normalidad que se conocía hasta la aparición de la COVID-19.

"Por supuesto que desde nuestro punto de vista es algo muy bueno, aunque en nuestro rubro la historia ha cambiado mucho desde que arrancó la pandemia" alerto.

El titular de AOMA Olavarría puntualizó que a noviembre de 2019 se estaban celebrando acuerdos a nivel local por ciertos montos, "pagando el 80% del salario, y estaban todos los compañeros en sus casas".

A ello siguió cambio de gobierno y pandemia.

"Falta mucho tiempo para que esto se normalice, creo que aún estamos a mitad de camino, pero todas las medidas que se tomen para evitar que las empresas utilicen a los trabajadores y los tiren por la borda cuando no les dan los números son muy buenas, y más cuando este Gobierno anteriormente también se preocupó por ayudarlas con los ATP, pagando la mitad de los salarios".

"Es una forma de proteger el empleo" ratificó, aunque diferenció la situación de su sector de muchas otras.

"Los despachos de cemento siguen batiendo récords, se han tomado trabajadores a plazo fijo para reemplazar a aquellos que están en la franja de riesgo, y en cal y piedra las empresas chicas y medianas hace unos cuantos meses que vienen pagando todo el sueldo" celebró.

En contrapartida, Santillán identificó "a algunos empresarios pícaros, que son justo los que conducen la Cámara de la Piedra, que buscan cualquier vericueto para hacer socios al trabajador cuando las cosas no andan tan bien, como las canteras Cerro del Aguila y Piatti".

Santillán se extendió y en el marco de esta decisión de la administración nacional pidió al gobierno avanzar con otros sectores: "Sin dudas es una medida muy buena, es para celebrar por parte de los trabajadores, pero ahora el gobierno debe pelear con las cámaras formadoras de precios, sobre todo en los comestibles, y ponerlas en caja para que no se sigan aprovechando del bolsillo de la gente".

En medios nacionales también hizo declaraciones sobre el tema el diputado nacional del Frente de Todos y sindicalista de la CTA Hugo Yasky, quien elogió la decisión del gobierno, y cuestionó al sector empresario por tener una "mirada antisocial".

"Es una excelente medida sobre los que están en actividades que todavía están sujetas a las peores condiciones que impuso la pandemia, como la gastronomía, el turismo y el entretenimiento", evaluó Yasky.

La UIO se expresará más adelante

Otra parte imprescindible en esta discusión es la que tiene que ver con el empresariado local y una de las instituciones más representativas -la Unión Industrial de Olavarría- prefirió demorar algunos días un comunicado sobre la resolución gubernamental en torno de la doble indemnización y la prohibición de despidos.

"Somos más de 100 afiliados y, como estamos en una época particular del año, por una cosa u otra sólo tres asistimos a la reunión de este viernes, entonces no nos parece conveniente hacer pública una postura institucional con tan pocos participantes y sobre un tema tan sensible cuando de la entidad participamos 130 empresas" dijo anoche una fuente consultada por este Diario.

La expectativa es constituir una reunión mucho más amplia en cuanto al número de asociados para la semana próxima y, dado el caso, hacer pública la opinión de la Unión Industrial de Olavarría sobre la cuestión.

"Nosotros tres no somos representativos de nada y preferimos esperar la participación en la reunión de un universo más amplio. Cualquiera de los tres que participamos de la reunión de hoy (por ayer) adoptaría la misma postura".