En el voto mayoritario, los jueces Héctor Negri, Daniel Soria, Esteban Genoud e Hilda Kogan rechazaron ese planteo, al alegar que la elección de Torres había sorteado el proceso de impugnaciones y obtenido el voto mayoritario del Senado, por lo que "disminuye el margen de pertinencia de toda posible actuación orientada a evitar la designación".

En efecto, los magistrados consideraron que la revisión pedido por De Lázzari "exceden su objeto y suponen el replanteo de observaciones ya deducidas ante el Poder Ejecutivo antes del acuerdo" del Senado, quienes "ponderaron lo vinculado con el observado requisito de residencia.

Además, alegaron que el 9 de mayo pasado la fiscal Ana Medina desestimó la denuncia realizada por el exjuez Luis Arias contra Torres y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. Y sostuvieron que el Procurador General, Julio Conte Grand, se pronunció en el mismo sentido.

Cuestionamientos

La designación de Torres como juez de la Suprema Corte fue votada por el Senado el 11 de abril pasado. Días más tarde, el Ejecutivo envió e decreto de nombramiento a la Corte, pero el trámite, que parecía rutinario, se empantanó a partir de las objeciones de De Lázzari, quien solicitó una investigación para determinar si efectivamente el magistrado cumplía con el requisito de residencia durante dos años consecutivos.

Al alegar su posición, el presidente del máximo tribunal bonaerense aseguró que sembró dudas sobre el domicilio del magistrado, al asegurar que Torres se encuentra empadronado en Capital Federal, que votó en esa jurisdicción en las dos últimas elecciones y que en su documento figura aún un domicilio porteño.

Además, cuestionó que Torres acreditara su residencia en Tigre a partir del testimonio de dos personas que no viven en la zona cuando "la acreditación de un lugar de residencia es fácilmente comprobable mediante la presentación de las facturas de servicios, obra social, tarjetas de crédito, etc., sin necesidad alguna de aquella gestión judicial".

Además, señaló que el lugar indicado como residencia "resulta ser un edificio en propiedad horizontal de 12 pisos, no habiéndose indicado cuál era la unidad funcional correspondiente" y sugirió que cuando realizó esa declaración el edificio "estaba en construcción".

De Lázzari indicó que estos elementos "al menos ponen en un marco de incertidumbre la cuestión de la residencia", por lo que sugirió "la realización de una serie de medidas instructorias" ya que, advirtió, "una irregular asunción como magistrado depararía nada menos que la nulidad" de los fallos en los que intervenga.
Fuente (DIB)