El gobierno de la provincia de Buenos Aires impulsó en 2016 la presentación de declaraciones juradas para organismos y sujetos obligados, es decir, funcionarios públicos. Gracias a la modificación de un decreto, en tres años se presentaron 66.643 declaraciones contra 8330 presentadas entre 2008 y 2015. Además, en 2017 se sancionó una Ley que obliga a presentarlas al poder ejecutivo y a legisladores.