Una organización delictiva que estafó al gobierno provincial en varios millones de pesos, a partir del desvío de fondos destinados a la carga de combustibles para autos oficiales, fue desarticulada tras varios allanamientos realizados por la Policía de la provincia de Buenos Aires, en  La Plata, Berisso y Ensenada.

El procedimiento fue coordinado por efectivos de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado dependiente del ministerio de Seguridad bonaerense.

Además, los funcionarios judiciales y policiales contaron con la permanente colaboración de las máximas autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación, lo que facilitó el desmantelamiento de la organización desde su cúpula.

Al respecto, el titular de la cartera de Seguridad provincial, Cristian Ritondo, destacó "el trabajo llevado adelante por el personal policial en esta investigación que permitió desarmar esta banda delictiva que venía estafando al Estado provincial y de esta forma a los ciudadanos de la Provincia".

Durante los procedimientos, seis en total, fueron detenidas dos personas de 47 y 57 años, ambos con cargos de jefes de departamento dentro de la cartera educativa provincial, quienes quedaron a disposición de la justicia acusados de "asociación ilícita y malversación de caudales públicos".  

En los operativos, la policía incautó importantes elementos para la causa: un yate, un motor home, cuatriciclos, motos de agua,  motos de alta cilindrada y automóviles, entre ellos varios de alta gama, y un arma.

La causa se inició en abril pasado cuando la policía detuvo a un hombre (playero de una estación de servicio) cuando circulaba por la ruta 36 y calle 44. En su poder se decomisó dinero en efectivo y varias tarjetas de débito pertenecientes a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense (DGCyE).

Luego de esa captura, el encargado de la estación Axion ubicada en 44 y 31 -donde también trabajaba el sujeto detenido horas antes- se suicidó en el baño de ese comercio. Ante la sospecha que desde allí se realizaban  maniobras fraudulentas, se inició una investigación.

De esa manera se comprobó que funcionarios y empleados de la administración pública provincial -pertenecientes a la DGCyE- desviaban periódicamente fondos públicos a partir de falsas compras de combustibles para vehículos oficiales.

Incluso se pudo saber que varias de las tarjetas correspondían a autos que estaban en desuso, ya que no  habían sido dados de baja y se encontraban guardados en galpones. Por lo tanto seguían utilizando el combustible y repuestos para los mismos.

Para los pesquisas, esas operaciones no podrían ser realizadas sin el aval de los responsables del área, ya que se debían presentar comprobantes y rendir gastos.

Ante eso, la investigación recayó, entre otras personas sobre el Director de Servicios Generales, el Sub Director de Transporte Terrestre, el Jefe de Movilidad y el coordinador del área de Combustibles, todos ellos funcionarios de la Dirección General de Cultura y Educación.

Es decir, las personas implicadas, desde los cargos que ocupaban, eran las encargadas de administrar, entregar y controlar el normal funcionamiento de las tarjetas desde donde se desviaban los fondos.

Para la justicia, esos hechos fueron practicados aproximadamente desde 2014, en forma organizada y planeada, con distribución de roles.

Es importante señalar que la Dirección de Escuelas bonaerense intervino la Dirección de servicios generales y la subdirección de transporte terrestre, separó de sus cargos a los funcionarios involucrados e inició sumarios administrativos correspondientes.

Las autoridades de la cartera educativa ya habían advertido, a mediados del año pasado, algunas irregularidades con las tarjetas de combustible, lo que derivó en una investigación administrativa y la separación preventiva de cuatro choferes.

Asimismo se estima que los montos provenientes del erario provincial para dichas tarjetas ascendían en forma semanal desde 250.000 a 1.000.000 de pesos.

Es tanta la cantidad de dinero en esta estafa al gobierno provincial que el fiscal del caso solicitó se embarguen los bienes de los investigados, hasta tanto se compruebe el monto total sustraído.

La causa interviene en la UFI N° 16, a cargo del Dr. Juan Cruz Condomí Alcorta; y el Juzgador de Garantías N° 5, de la Dra. Marcela Garmendia; perteneciente al Departamento Judicial La Plata.