Los datos se desprenden de las últimas estadísticas sobre intervenciones judiciales, a nivel nacional, publicadas por la Corte Suprema correspondientes a 2018.

El Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, destacó que "más del 31% de los jóvenes, de entre 13 y 18 años, que resultaron denunciados y/o imputados por algún hecho delictivo, no estaban escolarizados. Peor aún: 1 de cada 10 ni siquiera terminó la primaria, y se registran casos de NNyA que nunca aprendieron a leer ni a escribir".

Asimismo, al observar los registros del Poder Judicial Nacional, correspondientes al 2017, se puede observar que no se utilizaron eufemismos al cargar datos sobre nivel de instrucción de cuatro jóvenes -dos de ellos en situación de calle- imputados por robo: "Nunca asistieron a la escuela".

La Observación General N° 24 del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, dada a conocer hace pocos días, plantea serios desafíos para el Estado argentino. El organismo internacional pidió no avanzar en medidas punitivistas como la baja de la edad de imputabilidad. También exhortó a ampliar los mecanismos de "desvío" de los niños y niñas de forma tal de poder alejarlos de los procesos vinculados a la burocracia judicial y enviarlos hacia programas efectivos. Además, el organismo internacional pidió extender el uso de medidas no privativas de la libertad para garantizar que la detención sea una medida de último recurso

El 27 de septiembre se celebra, en nuestro país, el Día Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNyA). No es una jornada más en el calendario. Durante ese día, pero del año 1990, el congreso nacional sancionó la ley que incorporó, en nuestro marco normativo, la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), tratado internacional que había sido votado un año antes por la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué significó, en la praxis concreta, la ley nacional a la que se le asignó el número 23.849? Nada menos que el compromiso del Estado de garantizar los derechos de la Convención en todo el territorio nacional, compromiso que se profundizó a partir de la incorporación de la CDN a la Constitución Nacional, a través del artículo 75°, tras la reforma de 1994.

"En lo que se refiere al reconocimiento de derechos a los NNyA, nuestro país se encuentra a la vanguardia en materia legislativa. Podemos jactarnos de tener leyes de avanzada, similares a las que rigen en las naciones más desarrolladas del planeta. Lamentablemente, no ocurre lo mismo respecto al cumplimiento de los compromisos internacionales que asumió el Estado argentino cuando adhirió y ratificó la Convención, y cuando el poder legislativo sancionó normativas específicas que diagramaron el Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños a nivel nacional y provincial", destacó Martello, que se encuentra a cargo del Observatorio de Derechos de NNyA de la Defensoría del Pueblo.