El quinto informe del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires sobre el Registro de Violencia Institucional reveló que entre el primer semestre de 2019 y el mismo período de 2020 la cantidad de causas iniciadas por esta problemática tuvo una caída del 30,47 por ciento en todo el territorio bonaerense. En el caso del Departamento Judicial de Azul la baja fue del 47 %, de la mano de un notable descenso en las causas que se instruyen en las cárceles de la región y con una afectación directa por las medidas tomadas por la llegada del coronavirus a la Argentina.

De acuerdo con lo que refiere el informe, difundido recientemente y cuyos datos corresponden hasta el 1 de julio de 2020 (el del segundo semestre aún no fue publicado), el mismo tiene por objetivo "detectar, registrar, sistematizar y dar seguimiento a las investigaciones penales vinculadas con hechos de violencia institucional, permitiendo así contar con información útil para el diseño de la política criminal y de la persecución penal del Ministerio Público Fiscal, como así también de otras áreas del Ministerio Público y del Estado provincial".

Son varios los delitos que se incluyen dentro del Registro de Violencia Institucional, aunque al momento de abordar las denuncias específicas no se detalla cada uno de ellos. En términos generales se refiere que los tipos penales previstos incluyen casos consumados o tentativas de homicidios, instigación al suicidio, aborto, lesiones leves, graves y gravísimas, abandono de personas, abuso sexual, privación ilegal de la libertad, severidades, apremios y vejaciones, tortura, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, entre otros.

En el primer semestre del año pasado se iniciaron en toda la Provincia 1383 procesos penales vinculados a la violencia institucional en cárceles, comisarías o dependencias judiciales, o que sucedieron en otros lugares, como domicilios particulares y la vía pública, pero donde los acusados fueron agentes de distintas áreas de fuerzas públicas en ejercicio de servicio activo o fuera de servicio. En el mismo período del 2019 la cantidad de causas ascendió a 1989, mientras que en los primeros seis meses de 2018 fueron 2556.

En el caso del Departamento Judicial de Azul, en el primer semestre de 2020 se registraron 106 causas, en tanto que en los mismos períodos de 2019 y 2018 fueron 200 y 224 respectivamente. Los procesos iniciados en esta región -integrada por Azul, Benito Juárez, Bolívar, General Alvear, General La Madrid, Laprida, Las Flores, Olavarría, Tandil, Rauch y Tapalqué- en la primera mitad del año pasado integran el 7,6 por ciento del total provincial.

En el informe se hizo un registro mensual, que expone claramente cómo se produjo un descenso abrupto a partir del 20 de marzo del año pasado, cuando se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO). Tal es así que en enero del año pasado se registraron a nivel departamental 39 causas y en febrero 19, mientras que en marzo fueron 12 (todas antes del inicio del ASPO), en abril 10, en mayo 10 y en junio 16.

Además se detalla a qué instituciones públicas pertenecen las personas sindicadas como autoras de los delitos denunciados. En lo que refiere al primer semestre de 2020, 58 corresponden a agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), 42 a personal de la Policía bonaerense, uno a la Policía local y 4 a otros. En tanto, un año antes 141 correspondían al SPB, 39 a la Bonaerense y 4 a la Local. La diferencia más notable es el descenso de 58 % entre 2019 y 2020 en los que fueron denunciados agentes penitenciarios.

Llamativamente, a nivel departamental hubo 36 personas sindicadas de ser autoras de los delitos denunciados, pero al 1 de julio de 2020 no había ningún imputado. En períodos previos el nivel de imputación no supera el 20 % relación a la cantidad de sindicados.

Cárceles y comisarías

También el informe del MPF, que comenzó a difundir los datos sobre causas de Violencia Institucional a partir del 2018, da cuenta de el lugar donde ocurrieron los delitos denunciados. Si bien a nivel provincial la mayor cantidad de casos sucedieron en la vía pública, en el Departamento Judicial de Azul en primer lugar se encuentran las cárceles ubicadas en la región.

El año pasado 21 de las causas correspondían a casos sucedidos en la vía pública, 54 en las cárceles y 10 en dependencias de la policía. Un año antes los procesos de hechos ocurridos en la calle fueron 26, en comisarías 11 y en seno del SPB 139. El descenso de las denuncias por delitos que sucedieron en contexto de encierro fue de un 61,5 por ciento respecto al mismo periodo de 2019 y 67 por ciento en relación a 2018.

Una marcada baja se registró en lo ocurrido en la Unidad Penal Nº 2 de Sierra Chica, en relación a los años anteriores y a las demás cárceles de la Provincia. En los primeros semestres de 2018 y 2019 la cárcel de máxima seguridad de Olavarría se encontraba entre las primeras 4 por hechos de violencia institucional ocurridos en su interior, con 46 y 36 causas respectivamente. En tanto, el año pasado sólo se denunciaron 6 casos.

También se dio una disminución de causas en la Unidad 38, que pasó de 16 en el primer semestre de 2018, a 9 en el mismo período de 2019 y cuatro el año pasado. Sobre la Unidad 27 sólo se registraron cuatro casos en el 2018.

Además el informe divulgó las causas que se iniciaron por denuncias de hechos que ocurrieron en dependencias de la policía bonaerense. Acerca de Olavarría, el año pasado se iniciaron dos causas en la comisaría Primera y una en el Comando de Patrullas Olavarría. Sólo hay antecedentes de este tipo de sitios en la primera mitad de 2019, con tres casos ocurridos también en la seccional Primera de nuestra ciudad.

Por otra parte se refiere que el año pasado ocurrieron dos casos de violencia institucional en el Hospital Municipal "Dr. Héctor Cura". Los centros sanitarios también forman parte de las estadísticas para referir dónde se produjeron muertes de personas vinculadas a causas por violencia institucional.

Tal es así que en toda la Provincia se iniciaron 73 causas por muertes en contexto de encierro, 7 de los cuales sucedieron en el Departamento Judicial de Azul. De estas, en la primera mitad del 2020 tres corresponden a personas de la Unidad 2 de Sierra Chica (dos de las que fallecieron en el Hospital Municipal) y una a la Unidad 38. A nivel departamental no se registraron muertes en ninguno de los tres períodos mencionados en contexto de intervención de fuerzas de seguridad.