En una de las expropiaciones más costosas de la historia, la jueza Loretta Preska dictaminó en septiembre pasado que Argentina debe pagar una cifra asombrosa de US$ 16.000 millones de dólares debido a la expropiación ilegal de YPF en 2012. Esta medida, impulsada por el entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, ha llevado al país a enfrentar consecuencias financieras desastrosas.

El costo total de esta expropiación se ha vuelto aún más impactante al considerar los intereses acumulados desde 2012. El juicio genera un costo de más de 2 millones de dólares por día, lo que aumenta significativamente la carga financiera para Argentina. En total, se estima que el perjuicio total para el Estado ascenderá a más de US$ 26.000 millones de dólares.

Este costo abrumador es aún más preocupante si se tiene en cuenta que el valor actual de YPF es de apenas US$ 9.200 millones de dólares. Incluso con un significativo aumento en el precio del petróleo debido a la guerra en Ucrania, la venta de la compañía cubriría apenas una fracción del costo total del juicio.

Además, el Estado argentino posee el 51% de las acciones de YPF, lo que significa que incluso si se vendiera completamente, solo se podría cubrir una parte de la deuda resultante de una serie de errores técnicos y estratégicos que se cometieron desde 2012.

La expropiación de YPF, que se presentó como una medida para "recuperar la soberanía energética" y "frenar la caída de la producción", resultó ser un desastre financiero para Argentina. A pesar de las altas expectativas iniciales, el precio del petróleo cayó a partir de 2014, dejando al país con una carga financiera insostenible.