El viernes por la tarde, en la Comisión de Legislación General presidida por Francisco "Paco" Durañona, se llegó a un acuerdo entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio consiguiendo unificar los proyectos de los senadores José Luis Pallares con el de Franco Bagnato, Gabino Tapia y Juan Fiorini; Lorena Petrovich; Lucas Fiorini y Juan Pablo Allan. De esta manera, se incorporan los aportes hechos por los más de 30 expositores de distintas organizaciones de familiares de víctimas, expertos y magistrados que fueron convocados para robustecer el proyecto.

"Luego de escuchar a las organizaciones y familiares de víctimas, felizmente se logró un consenso incorporando la voz de ellos en estos momentos tan difíciles", celebró el legislador por la segunda sección electoral en sintonía con el lanzamiento del Programa de Fortalecimiento de Seguridad anunciado por el presidente Alberto Fernández.

En este sentido, el ex intendente de San Antonio de Areco agradeció a los y las senadora de Juntos por el Cambio "por el tiempo y el trabajo en conjunto de ambos bloques, pudiendo conseguir este acuerdo tan importante para todos los y las bonaerenses, y que generaba gran expectativa en las organizaciones y familiares de víctimas que fueron escuchadas en esta Comisión para enriquecer el proyecto".

En cuanto a las modificaciones que se le hicieron al proyecto original, Durañona explicó: "se le dio al artículo primero una redacción más amplia, que no sólo incluya la asistencia jurídica, sino tal como establece la Ley Nacional, garantice todos los derechos de las víctimas" en materia jurídica, económica y de acompañamiento. Además, el legislador contó que se agregó "el patrocinio jurídico gratuito para todas las víctimas que, por circunstancias de vulnerabilidad, no puedan afrontar estos gastos". En este sentido, Durañona indicó que "para nuestro bloque, lo fundamental es garantizar el derecho pleno a acceder a la justicia y sabemos que el Ejecutivo trabaja en el mismo sentido".

Otra de las inquietudes planteadas por las asociaciones que nuclean a familiares de víctimas de delitos y que fueron sumadas al dictamen de consenso es "el respeto por la vida privada y la intimidad de las víctimas en la máxima medida compatible con los fines del proceso". También, la iniciativa a votarse el próximo 10 de septiembre expresa que, durante la ejecución de la pena, la víctima tiene derecho a ser informada sobre las salidas transitorias, el régimen de semilibertad, la libertad condicional y la prisión domiciliaria, entre otras medidas de seguridad. Asimismo, se incorporó que aquellas víctimas que deseen no ser informadas ni notificadas de tales cuestiones, podrán manifestarlo y este derecho deberá ser respetado. Este punto fue extensamente expuesto por varios de los disertantes en las reuniones de trabajo de la comisión.

Por otro lado, tras los aportes de las asociaciones de familiares de víctimas se llegó al consenso sobre la creación de un Observatorio de víctimas para el delito que estará integrado por víctimas de delitos, asociaciones civiles o fundaciones registradas. Este organismo se encargará de garantizar el monitoreo, seguimiento y análisis de las cuestiones relacionadas a las víctimas, sus familiares y entornos con la finalidad de producir recursos útiles para la toma de decisiones en materia de políticas públicas.

En cuanto a la aplicación de las medidas de protección a las víctimas, se creará el Registro Provincial de Abogados y abogadas de la Víctima en el ámbito del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (ColProBA), organismo que arbitrará los medios necesarios para el funcionamiento uniforme del registro en todos los Colegios departamentales.

Desde la Presidencia de la Comisión y el Bloque del Frente de Todos esperan darle sanción durante la próxima sesión ordinaria que tendrá lugar el jueves 10 de septiembre, dando cumplimiento al compromiso asumidos con los y las bonaerenses.