Tras el fallo de la Corte que le impidió asentarse en la provincia de Buenos Aires, Farmacity dijo en un comunicado que "lamenta" la decisión del máximo tribunal porque "dificulta a los bonaerenses el acceso a la salud". Afirmó también que acatará la decisión y que seguirá adelante con sus inversiones en el marco de la ley.

"Lamentamos el fallo que dificulta a los bonaerenses tener más acceso a la salud tal como era nuestro propósito que, entendíamos, estaba plenamente ajustado de derecho", señaló el comunicado, donde la firma agregó que "continuará, con total apego a las leyes y por supuesto, dentro del marco definido por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, invirtiendo y trabajando para llegar a la mayor cantidad de habitantes de la provincia, generando empleo de valor, y colaborando con los distintos actores del sistema de salud para potenciar el modelo sanitario".

La Corte Suprema de Justicia rechazó un reclamo de la empresa Farmacity para instalar sus locales en la provincia de Buenos Aires. La empresa cuestionaba la normativa provincial que regula quiénes pueden ser propietarios de farmacias en territorio bonaerense y que excluye a las sociedades anónimas.

El caso se resolvió con el voto de los jueces Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y el camarista federal Martín Irurzun (la jueza Mirta Gladis Sotelo de Andreu votó en disidencia). Los jueces Horario Rosatti y Carlos Rosenkrantz se excusaron de votar en este expediente, mientras que Juan Carlos Maqueda no votó.

Lorenzetti y Highton indicaron que la cuestión planteada no encuadra en las facultades que el ordenamiento jurídico vigente reconoce como exclusiva y excluyente del Congreso de la Nación.

Pero tampoco se trata de una materia expresamente vedada a la provincia, por lo que se trata de una competencia de incumbencia compartida y concurrente, lo cual también encuentra base en el principio de aplicación eficaz de los derechos del consumidor ya que la norma impugnada por Farmacity pretende proteger la salud de quienes consumen medicamentos, que constituyen un grupo especialmente vulnerable.

Por su parte, el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino dijo que "es una ley razonable y busca que el que quiera invertir en la Provincia en tema farmacias tenga reglas claras que prioricen la salud pública por sobre la rentabilidad".

En este sentido, subrayó que "Farmacity no había aceptado esto, y busco todas las instancias judiciales, entendiendo que quien era el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, era su propietario, y el ex apoderado de la empresa era Carlos Rosenkrantz, actual miembro de la Corte, que se excusó en esta causa, y que obviamente durante los 4 años de la gestión anterior sospechamos que esto podía salir de manera desfavorable".

Finalmente, Lorenzino destacó el fallo del máximo tribunal, porque "priorizó el criterio de la autonomía de las Provincias, de las leyes constitucionales que nuestra Provincia tiene y que han sido ratificadas por las instancias judiciales. Así que Farmacity deberá adaptarse y no podrá tener un fallo a su medida".

(Con información de La Nación y de la Defensoria del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires)