En una resolución, la Corte desestimó por razones formales el último recurso interpuesto por los abogados del contra 33 conductores de Uber, quienes estaban acusados de "entorpecimiento del transporte, desobediencia, competencia desleal, instigación a cometer delitos y asociación ilícita". No obstante, en la Justicia porteña hay resoluciones de magistrados que impusieron restricciones, prohibiciones y sanciones para los conductores de Uber.

El fallo de la Corte es en referencia a la resolución de 2016 del juez porteño Luis Alberto Zelaya, que no legalizaba la operación del servicio. En cambio, sostenía que quienes conducen vehículos para Uber desarrollan, en ese contexto, "una actividad comercial lícita", y en todo caso podrían existir faltas administrativas o infracciones de tránsito, pero no delitos. El Sindicato apeló la decisión judicial, pero ahora el Máximo Tribunal volvió a opinar en el mismo sentido que Zelaya, dejando firme un fallo de Cámara que establece que no es ilegal conducir un vehículo para Uber.

Ese mismo año, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal confirmó la resolución y en 2017, la Cámara de Casación Penal también la ratificó. Luego, el fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, también se pronunció a favor de la aplicación cuando coincidió en que al tratarse de un servicio distinto, no se le aplica un marco regulatorio.

Este año, el fuero Penal Económico había desestimado una denuncia por evasión de aportes de la seguridad social, al considerar que los conductores no son empleados de Uber al tiempo que, meses atrás, el Tribunal Superior porteño decretó el levantamiento del bloqueo nacional de la web y aplicación.

El desembarco de Uber en Argentina, ocurrido en abril de 2016, tuvo su epicentro en Capital Federal. Como en las más de 400 ciudades donde ya funciona, el proceso de instalación no está siendo sencillo: los taxistas porteños organizan "escraches" contra los choferes, que semana a semana se vuelven más violentos.

En las últimas semanas, la presentación de un proyecto de ley para habilitar la actividad de Uber y otras plataformas digitales de transporte de pasajeros en la provincia de Buenos Aires generó una fuerte reacción por parte de cámaras y sindicatos de taxis y remises, y abrió un debate que hasta ahora no se había dado en el territorio. Sin embargo, hasta ahora había quedado en stand by.