El Ministro dijo que "en 19 días hábiles de gestión ya se logró normalizar la provisión de alimentos, de medicamentos y crear una mesa ejecutiva con la función de aliviar la superpoblación penitenciaria, que es la más alta en la historia de la Argentina", y destacó que "nunca hubo un servicio penitenciario en ninguna Provincia que tenga una superpoblación del 110%".
Asimismo, el jueves 6 de febrero se van a juntar los equipos técnicos que buscarán generar un plan consensuado entre los tres poderes del Estado bonaerense, los organismos de Derechos Humanos, la Iglesia y representantes del Poder Judicial Federal.

En este marco, Paula Litvachky, integrante del CELS, destacó la convocatoria del ejecutivo provincial y expresó que "lo importante son las medidas inmediatas que se van tomar para bajar el nivel de presión sobre el sistema de encierro y empezar a trabajar sobre la cantidad detenidos, que hay hoy en las comisarías de la Provincia".
La Mesa Interinstitucional de Diálogo fue creada mediante una resolución firmada por el gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, con el fin de comenzar a buscar soluciones para resolver la grave situación que atraviesa el Servicio Penitenciario. Los encuentros se llevarán de manera mensual, con una evaluación trimestral.

"Estos problemas son muy complejos, donde está en juego la entidad humana de la Justicia. Estamos tratando con personas, que por la circunstancia de estar privados de libertad no deben perder su condición de tales, principalmente su condición de dignidad. Tenemos que acercar la cárcel de la Constitución a la cárcel de la realidad", señaló el vicepresidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos.
También participaron de la reunión los miembros de la Suprema Corte, José Villafañe; el defensor del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, Mario Coriolano; la senadora, Agustina Propato; el subsecretario de Derechos Humanos, Matías Moreno; el Capellán del Servicio Penitenciario Bonaerense, Carlos Pont Gasques; los representantes de la Comisión Provincial por la Memoria, Rodrigo Pomares; el Procurador General, Julio Conte Grand; el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino; entre otros presentes.