Tal como se había anticipado, el Gobierno nacional publicó este sábado 30 de enero la declaración de la Emergencia Pública hasta el 31 de marzo de este año y prorrogó por ese lapso la duración de los contratos, la suspensión de los desalojos y el congelamiento de los precios de los alquileres. Lo hizo mediante el decreto 66/2021 en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Alberto Fernández, y los ministros que conforman el gabinete nacional. 

Con el dictamen, el gobierno nacional extiende el vencimiento del decreto anterior, que vencía el 31 de enero. De esta forma, continuará vigente por otros dos meses el beneficio para los inquilinos que se encuentren ocupando una vivienda única. Dentro de los fundamentos, el edicto dice que "el objetivo de la presente medida es mitigar los efectos de la pandemia respecto de la problemática de la vivienda existente en nuestro país". 

Además, la norma amplía de 6 a 12 "el pago de las deudas por diferencia de precio y por falta de pago, pagos realizados fuera de los plazos contractuales pactados o pagos parciales". En ese sentido, se duplica el número de cuotas que los inquilinos tiene para pagar sus deudas de locación y además se promueve una instancia de mediación obligatoria para resolver esos conflictos contractuales.

Por otra parte, se estableció la prórroga de la vigencia de los contratos cuyo vencimiento opere antes del 31 de marzo de 2021. De este modo, no podrán aplicarse intereses ni otras penalidades previstas en el contrato. La prórroga del día de hoy es la tercera anunciada desde que salió la medida por primera vez, el 11 de marzo de 2020. 

Los alcanzados por el dictamen del ejecutivo son aquellos que vivan en vivienda única urbana o rural, los que ocupen habitaciones en hoteles o alojamientos similares, quienes tengan espacios alquilados como monotributistas y MiPymes destinados a prestar servicios, al comercio o a la industria y los espacios alquilados por profesionales autónomos. También están consideradas las cooperativas de trabajo o empresas recuperadas que estén registradas en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes). 

En el texto, el gobierno nacional menciona en varios pasajes la situación excepcional por la pandemia y la problemática vivienda que sufre el país desde hace décadas. Por eso, resuelve "Que, en este contexto, se implementan decisiones necesarias y urgentes, de manera temporaria y razonable, con el objeto de contener una grave situación de emergencia social que puede llevar a que una parte de la población se vea privada del derecho a la vivienda". 

De acuerdo a los datos de Zonaprop, los alquileres en la ciudad de Buenos Aires registraron un aumento del 62% durante el año 2020, la mayor suba desde el año 2012. El informe explica que la Ley de Alquileres que se promovió en julio desde el Congreso Nacional, ha sido el punto de partida para que los precios se disparen. En tanto, se especificó que el alquiler de un departamento de dos ambientes en la Ciudad tenía en marzo un valor de $18.990, alcanzó en diciembre la cifra de $30.683. 

(Fuente: Perfil)