"Está comprobado que los sistemas complejos de información nutricional vigentes resultan menos accesibles para la población en situación de mayor vulnerabilidad como son los niños, niñas y adolescentes (NNyA)", explicó Martello, quien se encuentra a cargo del Observatorio de Derechos de NNyA, de la Defensoría del Pueblo.

El funcionario se refirió a los indicadores oficiales, que aseguran que  solo 3 de cada 10 individuos mayores de 13 años leen la tabla de composición nutricional del envase de los productos que compran y dijo que la población "con menor nivel educativo e ingresos más bajos lee aún menos las etiquetas".

En un comunicado difundido hoy subrayó que este dato forma parte de la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, cuyos resultados, dados a conocer el año pasado, "no hicieron más que comprobar la necesidad de avanzar en políticas públicas que promuevan la alimentación saludable, como el etiquetado frontal de alimentos".

Por otro lado, Martello destacó los avances registrados en el Congreso Nacional para que se unifiquen los 13 proyectos de ley que existen sobre etiquetado frontal de alimentos.

La Defensoría del Pueblo, además, adhirió a la campaña 2020 "Cultivar, nutrir, preservar" que fue lanzada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, más conocida por las siglas FAO, de cara al Día Mundial de la Alimentación que se celebra el 16 de octubre.

"Promover el etiquetado frontal de alimentos representa el cumplimiento de estándares de derechos humanos y obligaciones internacionales asumidas por nuestro país", aseguró el Defensor del Pueblo Adjunto.

La aprobación avanzó en el Congreso y el texto incluye, entre otros puntos, que los alimentos tengan un etiquetado frontal que no podrá ocupar menos del 5% de la superficie del envase, con formato octogonal negro y letras blancas, que cada sello de advertencia informe si tiene algún nivel crítico de sodio, grasas trans, azúcar o calorías.

También en caso de tener edulcorantes, la etiqueta lo deberá informarlo, y se prohíbe que la publicidad de los alimentos refiera a propiedades medicinales.

De esta manera, y una vez que se sancione la ley, la industria alimenticia tendrá 6 meses para adaptarse a la nueva norma.