La situación actual en Bolivia, marcada por los bloqueos de caminos, crisis económica, déficit de hidrocarburos y la imparable subida de precios de la canasta familiar, revela un contexto de tensiones sociales, políticas y económicas profundamente interrelacionadas, sin embargo, se convirtieron en el contexto perfecto para la elección del Fiscal General, que en tiempo record logró 115 de 161 votos en una alianza entre las bancadas del MAS (evistas y arcistas) y la “bancada” de Manfred Reyes Villa, compuesta por diputados que hace poco“se pasaron” de CC y CREEMOS al partido de Reyes Villa y que hoy son funcionales a los intereses del MAS.

Los bloqueos de caminos, mecanismo de protesta frecuente en Bolivia, a pesar de que van en contra de los derechos fundamentales de las personas, suelen ser una respuesta a diversas demandas sociales y políticas. Sin embargo, en este caso, que el Gobierno no desactive estas medidas, haciendo uso de las atribuciones que le otorga la Ley, parece estar operando como una cortina de humo, que le ayuda a señalar a otrosculpables de la profunda crisis económica que enfrenta el país. Los efectos combinados de la caída de los precios internacionales de materias primas, y una mala gestión macroeconómica han exacerbado los problemas estructuralesque nos afectan.

Uno de las principales dificultades es el déficit de hidrocarburos. Durante años, Bolivia dependió de los ingresos por la exportación de gas natural, pero como ya sabemos, la producción ha disminuido drásticamente, lo que ha resultado en una menor entrada de divisas. Esto, sumado a la disminución de las reservas internacionales, ha llevado al país a una situación insostenible. Las señales más claras de esta crisis son la ausencia de combustibles, junto con una acelerada subida de precios, particularmente en bienes esenciales y servicios.

Los bloqueos, aunque se presentan como una forma de presión al Gobierno para proteger a Evo Morales, parecen actuar como un velo que cubre la ausencia de medidas económicas estructurales por parte del gobierno. El ejecutivo no ha implementado hasta ahora un plan económico integral que permita estabilizar los precios, asegurar el abastecimiento de combustibles, y restaurar la confianza de los inversores y mercados internacionales.

Por otra parte, la elección del nuevo Fiscal General del Estadoha sido un evento clave en este contexto, pero ha pasado en gran medida desapercibida para gran parte de la población, justamente debido a la coyuntura de los bloqueos y las tensiones sociales. La atención mediática y social se ha centrado en los conflictos en las calles, dejando en segundo plano el proceso de elección, que es de suma importancia para el sistema de justicia y la democracia en el país.

Esta ha sido una clara estrategia de distracción, donde los conflictos sociales y los bloqueos han opacado el análisis crítico del nombramiento de uno de los cargos más importantes en la estructura judicial boliviana. De hecho, la forma en que se desarrolló esta elección en el parlamento ha generado suspicacias. Para la elección del Fiscal General se requiere una mayoría de dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sin embargo, dada la polarización política del país, este resultado solo se puede obtener mediante acuerdos entre oficialistas y “opositores”.

Este aparente consenso ha suscitado rumores sobre posibles negociados y acuerdos políticos entre arcistas, evistas,manfredistas y algunos más de CC y CREEMOS. La votación de oficialistas y parte de la oposición en bloque, que garantizó los dos tercios necesarios, alimenta la idea de transfuguismo o acuerdos no transparentes. Estos acuerdos, vistos por algunos como negociaciones de todo tipo, podrían incorporar la posible manipulación de la justicia para favorecer a ciertos sectores, debilitando aún más la percepción de independencia judicial en el país. Este sería un mal inicio de gestión en la Fiscalía General del Estado.

En resumen, los bloqueos de caminos, lejos de ser una mera manifestación social por demandas puntuales, está siendo utilizada, de manera estratégica por unos y otros, para desviar la atención de la profunda crisis económica y de la ausencia de políticas gubernamentales que hagan frente a la inflación, la escasez de divisas y la crisis de combustibles. Paralelamente, han silenciado el debate público en torno a la elección del Fiscal General del Estado, un proceso que estuvo marcado por acuerdos políticos opacos, en un contexto donde la independencia judicial sigue siendo cuestionada.

Esto refleja un panorama de estancamiento político, y ungobierno que no sabe cómo resolver una doble crisis: una económica, y una política, donde las estrategias de poder y los intereses de los actores políticos parecen primar sobre la transparencia y la institucionalidad democrática.