En las últimas semanas, Bolivia ha sido testigo de una serie de bloqueos y protestas encabezadas por grupos afines a Evo Morales, exmandatario y presidente del Movimiento al Socialismo (MAS), que día que pasa, parece desafiar cada vez más al gobierno del presidente Luis Arce. Este escenario ha sacado a relucir una serie de debilidades en la gestión del Ejecutivo, la Policía y el sistema de justicia, con una Fiscalía que parece preferir la inacción. La situación podría escalar peligrosamente si persisten los bloqueos y no se toman medidas claras para garantizar el libre tránsito y la paz social en el país.

La debilidad del gobierno de Arce ante la presión de Morales

Desde su llegada al poder, Luis Arce ha estado asediado por las demandas de los grupos leales a Morales. Sin embargo, los bloqueos recientes evidencian una aparente falta de firmeza del Ejecutivo para contrarrestar las acciones de presión y garantizar el orden público. Estos conflictos subrayan el dilema que enfrenta Arce: responder con mano firme a estas manifestaciones (diferentes sectores están pidiendo estado de excepción que no es otra cosa que la militarización de la zona en conflicto), caso contrario, permitir que los bloqueos continúen con acciones ineficientes de la policía, lo que da una señal de debilidad, reforzando la idea de un presidente que no controla su propio partido ni a los sectores sociales. La Constitución le da todas las herramientas para retomar el orden, sin embargo, queda la duda de que tenga control pleno sobre la Policía y las Fuerzas Armadas.

La inacción del Ejecutivo es motivo de crítica, incluso de sus aliados como el Alcalde de Cochabamba y otras autoridades afines. La falta de respuestas concretas envía un mensaje preocupante a los ciudadanos sobre la efectividad del actual gobierno para gestionar los conflictos, incluso los que soninternos de su propio partido. Para muchos bolivianos, la situación actual plantea preguntas sobre la capacidad para ejercer control y autoridad en un momento de creciente de presión social y política.

Una débil Policía Boliviana y la inacción de la Fiscalía General

La actuación de la Policía Boliviana frente a los bloqueos también ha sido objeto de escrutinio. En muchos casos, los agentes parecen replegarse o actuar con extrema cautela, generando una sensación de permisividad. De acuerdo a las declaraciones de sus mandos, “por precaución” se han tenido que replegar de la zona controlada por Morales y los cocaleros. Esto es interpretado como una muestra de su impotencia lo quepone de relieve un problema estructural en el país: una institución que, en teoría, debería garantizar el orden y la seguridad de los ciudadanos, pero que en la práctica parece estar limitada en su capacidad de acción. Esto socava no solo su credibilidad, sino también la confianza del ciudadano en la protección y estabilidad del Estado.

Por otro lado, la Fiscalía General, bajo el nuevo liderazgo de Wilfredo Mariaca, tampoco ha mostrado una postura decidida y acorde a la Ley Orgánica de esa institución. Las promesas iniciales de este nuevo fiscal, que apuntaban a una política de mayor justicia, se ven empañadas por la inacción ante los bloqueos, un problema que no solo afecta a los ciudadanos, sino que también daña gravemente la economía. Al no intervenir de manera decisiva a pesar de que el país se encuentre frente a la comisión flagrante de delitos (instigación a delinquir, apología del delito, sedición, uso de armas, secuestros) y por el contrario, al limitarse a hacer un “llamado a la reflexión”, Mariaca está enviando un mensaje preocupante sobre su capacidad para llevar a cabo acciones firmes en momentos de crisis.

La falta de intervención de la fiscalía refuerza la sensación de indefensión en la ciudadanía y sugiere que los intereses políticos siguen interfiriendo en el sistema de justicia, lo cual representa un retroceso en las promesas de mayor institucionalidad y transparencia.

Posibles escenarios en caso de que los bloqueos se mantengan

Si los bloqueos persisten en los próximos días, Bolivia se enfrentaría a la agudización de una crisis no solo social, sino también económica. Los bloqueos afectan la distribución de alimentos, el comercio y las actividades productivas, generando inflación y desabastecimiento en sectores del país. La escasez de insumos básicos y el aumento de precios podrían agravar el malestar popular, creando un clima de tensión social que fácilmente podría traducirse en protestas y movilizaciones en otras regiones.

A nivel político, la debilidad del gobierno de Arce podría generar una escalada de críticas y una mayor presión por parte de la oposición, que capitalizaría este contexto de incertidumbre y descontento social. A la larga, si el gobierno de Arce no toma medidas firmes y efectivas para resolver esta crisis, su liderazgo se verá aún más debilitado, permitiendo que Morales recupere un rol central en la política nacional y se plantee nuevamente como líder.

En conclusión, la situación actual pone de manifiesto las profundas debilidades en las instituciones bolivianas. La falta de una respuesta efectiva del gobierno, la policía y la fiscalía ante los bloqueos no solo debilita al presidente Arce, sino que también amenaza la estabilidad del país. En este contexto, es crucial que el gobierno, en lugar de evitar la confrontación, busque una salida que permita garantizar el orden y recuperar la paz social.