Con la presentación de los resultados del Censo de Población y Vivienda por el INE, nos enfrentamos a un desafío significativo e inevitable en el panorama electoral de nuestro país. La redistribución de los escaños en la Cámara de Diputados es un problema inminente que afectará tanto a los departamentos que deberían perder representación como aquellos que no obtendrán los beneficios esperados. En un sistema democrático donde la representación justa es vital, esta redistribución no solo es una necesidad técnica, sino un acto de justicia política.

En los últimos días hemos sido testigos de una disputa política por la modificación del artículo 146 de la Constitución Política del Estado en la parte referida al límite establecido de contar con 130 diputados que deben conformar dicha cámara, empero creo que éste no es el problema de fondo sino que el corazón del asunto radica en la desigualdad de representación que actualmente existe entre los distintos departamentos, siendo que algunos de ellos obtienen una representación muy amplia con pocos votos y otros tienen poca representación con muchos votos. 

Para ponerlo en perspectiva, actualmente un candidato a diputado en Pando necesita alrededor de 25.000 votos para ser electo, mientras que en La Paz, el mismo cargo requiere aproximadamente 95.000 votos, esto quiere decir que con la votación de un diputado de La Paz se podría tener casi cuatro diputados pandinos. Esta disparidad crea un sesgo significativo en el proceso democrático, otorgando una voz desproporcionada a ciertos departamentos respecto a otros. En términos constitucionales, esto es problemático porque va en contra del “valor de igualdad” consagrado en los artículos 8 parágrafo segundo de la Constitución Política del Estado y de igual forma contra el “principio de igualdad” consagrado en el Art. 14 parágrafos uno y tres de la misma norma suprema. 

Con los nuevos datos del censo, es evidente que el órgano electoral tiene la responsabilidad de ejecutar un trabajo técnico excepcional que refleje fielmente el principio de igualdad de los ciudadanos. Este principio no es solo una línea en nuestra Constitución; es un pilar fundamental sobre el cual se edifica la confianza en nuestras instituciones democráticas. Al priorizar la equidad sobre la igualdad, estamos perpetuando un sistema en el que no todos los bolivianos son tratados con equivalencia en la arena electoral.

La Constitución es clara en su mandato de igualdad, y la redistribución equitativa de escaños es un paso crucial para asegurar que esta igualdad sea una realidad tangible para todos los ciudadanos. La priorización del principio de equidad no debe empañar lo que debería ser un reflejo de la voluntad popular. 

En conclusión, la presentación de los resultados del censo nos brinda una oportunidad para corregir estas inequidades y acercarnos a un sistema electoral verdaderamente justo y representativo. El órgano electoral debe actuar diligentemente, no solo para cumplir con la letra de la ley, sino para honrar el espíritu de justicia e igualdad que nuestra Constitución pretende y garantiza a todos los bolivianos.