La normativa buscaba reformular las oficinas de Derechos Reales, tras sostener una reunión con la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad, instancias que solicitaron al Gobierno la anulación de dicho documento. 

Legisladores opositores cómo el ala radical “Evista” catalogaron al documento como un “atentado contra la propiedad privada”, el primer mandatario del país enfatizó que “lo único que se buscaba era modernizar y ayudar a la población”.