La diputada Luisa Nayar, por Comunidad Ciudadana (CC), denunció públicamente que el diputado Juan José Jáuregui (MAS) presentó una demanda en su contra por los delitos de calumnia y difamación, luego de que ella se negara a debatir con él en un programa televisivo. La legisladora calificó esta acción como un intento de amedrentamiento y aseguró que no cesará en su lucha por justicia.

Nayar reiteró su postura y recordó los antecedentes de Jáuregui, quien en agosto de 2023 fue denunciado por acoso sexual, extorsión y solicitar menores de edad para actos sexuales, acusaciones que incluyeron la divulgación de fotografías comprometedoras del parlamentario. Durante su intervención en el programa televisivo, Nayar decidió abandonar el set argumentando:

“No puedo debatir con alguien acusado de pedofilia y acoso a menores. Respeto a las mujeres, respeto a las niñas y me respeto a mí como mujer.”

Por su parte, el líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, expresó su solidaridad con Nayar y calificó la denuncia de Jáuregui como un claro caso de persecución política, denunciando un uso indebido del sistema judicial para silenciar a voces críticas.

Contexto del caso

El incidente ocurrió durante un programa de la red Bolivisión, donde Nayar compartía espacio con los diputados Héctor Arce (MAS, ala “evista”) y Juan José Jáuregui (MAS, ala “arcista”). Según Nayar, inicialmente le habían informado que estaría presente otra legisladora, Daysi Choque, y no Jáuregui, razón por la cual decidió retirarse del debate.

“Los patos contra las escopetas. El diputado acusado de pedofilia, Juan José Jauregui, insiste, apañado por la tiranía judicial, en procesarme por haberme negado a compartir un set de televisión con un descalificado como él. Cree que me va a amedrentar o asustar. No me conoce. Este nefasto personaje algún día pagará por todos sus delitos. Yo no me canso, ni me rindo y lo seguiré denunciando hasta que se haga justicia” manifestó la diputada.

La demanda contra Nayar reaviva el debate sobre el uso del sistema judicial como herramienta de intimidación en medio de denuncias de alta sensibilidad que involucran a figuras políticas de relevancia nacional.