El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, anunció que se iniciarán los trámites para solicitar la extradición de los cuatro sentenciados por el caso Petrocontratos, quienes deberán cumplir sus penas en el penal de San Pedro de Chonchocoro. Esta medida se tomará tras la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que condenó al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y tres de sus exministros a penas de prisión por delitos vinculados al incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

“El fallo del Tribunal Supremo establece que estas personas deben cumplir sus condenas en el penal de Chonchocoro. Para ello, seguiremos el procedimiento legal correspondiente y solicitaremos la extradición en su momento”, afirmó Mariaca.

Sentencia histórica

El fallo del TSJ, emitido el 2 de diciembre de 2024, impuso una condena de seis años y tres meses al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y de cinco años a los exministros Jorge Berindoague Alcocer, Carlos Contreras del Solar y Carlos López Quiroga. Las penas responden a la firma de 53 contratos de riesgo compartido con empresas petroleras transnacionales durante los mandatos de Sánchez de Lozada, los cuales, según la Fiscalía, favorecieron a intereses privados en perjuicio del Estado boliviano.

Contexto del caso

El denominado Caso Petrocontratos se remonta a 2005 y estuvo en curso durante casi 20 años. Los contratos, firmados entre 1993 y 1997, y posteriormente en 2002, permitieron la exploración y explotación de hidrocarburos bajo términos que, según las investigaciones, violaban la normativa vigente y perjudicaron al país.

Procedimientos pendientes

Mariaca subrayó que la extradición es un paso legal necesario para garantizar que los sentenciados cumplan su condena en territorio boliviano. “La sentencia es clara, y nuestro compromiso es dar seguimiento a este y otros casos de corrupción para resguardar los intereses del Estado y la justicia”, concluyó.

El fallo representa un hito en el sistema judicial boliviano, marcando el cierre de un largo proceso que busca establecer responsabilidades en el manejo de los recursos del país.