El Órgano Judicial se declaró en estado de emergencia debido a la crisis económica y la falta de recursos para su funcionamiento.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, informó que existe un déficit de 140 millones de bolivianos en comparación con el presupuesto de 2023, lo que pone en riesgo la gestión judicial y la atención a la ciudadanía.

Solicitan más recursos al Ejecutivo

Saucedo anunció que se enviará una carta al presidente Luis Arce para formalizar la solicitud de mayor financiamiento, en el marco de la norma que establece que el sistema judicial debe recibir el 3% del Presupuesto General del Estado.

“Es urgente garantizar los recursos necesarios para que la justicia funcione adecuadamente y pueda atender las demandas del pueblo boliviano”, señaló el magistrado.

La falta de presupuesto podría afectar procesos judiciales, el pago de sueldos y la operatividad de los tribunales, por lo que se espera una respuesta del Ministerio de Economía en los próximos días.