La subvención a los hidrocarburos en Bolivia ha experimentado un crecimiento notable, aumentando un 225% desde 2021, según un análisis de Luis Fernando Romero Torrejón, presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija. En 2021 se presupuestaron $us. 439 millones, pero el gasto real superó lo planificado, alcanzando aproximadamente $us. 629 millones. Este patrón de sobre-ejecución continuó en años posteriores, con un gasto que casi duplicó lo presupuestado en 2022 y superó en un 66% lo programado en 2023.

Para 2024, se proyectó un presupuesto de $us. 1.429 millones, pero estimaciones basadas en datos oficiales sugieren que el gasto podría llegar a $us. 2.912 millones, marcando un aumento del 361% en comparación con lo ejecutado en 2021. Este escenario plantea una carga fiscal creciente y retos significativos para la sostenibilidad financiera del país.

El análisis resalta que Bolivia no solo enfrenta una producción insuficiente de carburantes, lo que incrementa la dependencia de las importaciones, sino también una grave carencia de divisas para cubrir esas compras. Además, se estima que el 40% de los carburantes importados se destinan al contrabando o actividades ilícitas, exacerbando el problema.

Aunque el gobierno permitió recientemente la importación de carburantes por parte de privados, no se han recibido solicitudes para hacerlo, limitando el impacto de esta medida. Romero Torrejón advierte que sin cambios estructurales, como una mejora en la capacidad de producción local y políticas más efectivas contra el contrabando, el país podría enfrentar una crisis severa que incluya problemas de balanza de pagos, devaluación y mayor inflación.

El economista concluye que mantener los carburantes más baratos de la región es insostenible en el largo plazo y llama a implementar reformas profundas para garantizar la estabilidad económica del país.