El gobierno de Luis Arce puso en marcha la disparatada idea de su ministro de justicia, Iván Lima, que está empeñado en llevar a cabo un referéndum, que toca materias relativas a una eventual reforma constitucional, eludiendo los mecanismos que la propia Constitución Política del Estado (CPE) establece para el efecto.

El gobierno ha enviado al Tribunal Supremo Electoral(TSE) cuatro preguntas, para que las revise y apruebe y luego las remita al Tribunal Constitucional (TCP). Dos de ellas, la 1 y la 4 proponen explícitamente reformas constitucionales; la 1 sobre la reelección presidencial y la 4 sobre la posibilidad de incrementar escaños en la Cámara de Diputados. Esto, como sabe un estudiante de primer año de derecho, no es factible hacerlo mediante Decreto Supremo. Lo que corresponde según mandato constitucional es que, haya pasado por aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional o por iniciativa ciudadana. 

El Órgano Electoral Plurinacional (OEP), órgano de poder del Estado desde la Constitución de 2009, de igual jerarquía que los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, debiera devolver de inmediato las preguntas y reprender al gobierno por tamaña pretensión. ¿Lo hará?  … muy probablemente no y, simplemente se limitará a realizar correcciones de forma a las preguntas y enviará al Tribunal Constitucional las preguntas, lavándose las manos y zafando de su responsabilidad. Lo bueno es que la población y las organizaciones democráticas, sabrán de que esta hecho el Tribunal Supremo Electoral que administrará las próximas elecciones generales… y sabremos a qué atenernos.

Si las preguntas pasan el filtro del TSE, lo del TCP será un mero trámite. Los magistrados autoprorrogados, que concluyeron su competencia el último día de 2023 y se hallan usurpando funciones que no les corresponden, darán, qué duda cabe, la bendición constitucional al esperpento.

Consagrado así el referéndum “trucho” y dispuesta su realización conjuntamente con las elecciones judiciales, nos resta saber si el Órgano Legislativo, hoy con el oficialismo gubernamental en minoría, permitirá este nuevo atropello. Parecería que esta es la gota que rebasaría el vaso y que el Parlamento hubiera llegado al límite de su tolerancia. Este nuevo golpe a la institucionalidad democrática debería ser respondido con un paro general indefinido de las labores parlamentarias y la denuncia ante el mundo de que en Bolivia se ha producido un golpe de Estado promovido por el propio Luis Arce y su régimen totalitario. Pero, vaya a saber si el masismo “evista” estaría dispuesto a defender al primer poder del Estado y a la institucionalidad democrática que pisotearon durante 14 años. Es probable que sus acuerdos bajo la mesa con los “arcistas”, los hagan funcionales a los planes nefastos del gobierno.

Sin embargo, aun en este caso, el referéndum “trucho” no podrá sobrevivir y menos implementarse, ya que lo que ninguna triquiñuela jurídica podrá evitar es que, el pueblo rechace rotundamente el abuso y la prepotencia del MAS. El artículo 21 inciso c de la Ley 026 ordena que los resultados del referéndum serán válidos si votaron por lo menos el cincuenta por ciento más uno (50% más 1) de las electoras y electores de la respectiva circunscripción electoral y si los votos válidos son más que la sumatoria total de los votos blancos y nulos.

O sea que, aun si el abuso, el atropello y el golpe de Estado se produjeran, el pueblo siempre tendrá la última palabra. Este referéndum “trucho”, diseñado para distraer a la población de la crisis económica y mejorar la alicaída imagen del presidente, nació muerto y no tiene posibilidad alguna de sobrevivir.