Esta mañana se realizará la última de las tres audiencias de alegatos que fueron programadas en el Tribunal Oral Federal de la ciudad de Mar del Plata, desde donde se lleva adelante el juicio por siete olavarrienses que son investigados de integrar una banda dedicada a comercializar estupefacientes. La semana pasada resolvieron la libertad para tres de ellos. En dos semanas se conocerá el veredicto de los jueces.

Hoy se escucharán los alegatos de tres de los defensores de los olavarrienses que fueron detenidos a mediados de noviembre del año 2018, dos de ellos asesores letrados particulares y la restante una defensora oficial, mientras que el lunes pasado se presentaron otros dos abogados más. Como ocurrió en las primeras jornadas del juicio que comenzó en noviembre del año pasado, expusieron la inocencia de sus defendidos y la falta de pruebas por parte del Ministerio Público Fiscal para demostrar que integraban una organización delictiva.

A fines de mayo había sido el turno de la parte acusatoria, representada por el fiscal general Fabián Céliz y el auxiliar fiscal Carlos Fioriti, quienes pidieron penas de entre cuatro y ocho años de prisión para todos los procesados, por considerarlos miembros de una banda dedicada a la venta de cocaína, cada uno con sus roles específicos.

Por una parte, para Pablo Rubén Cairo, Marcos Aaron Cairo y Héctor Alejandro García solicitaron penas de ocho años de prisión, por ser considerados coautores del delito de tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por la intervención de tres o más personas.

Por su parte, para Hugo Martín Paroli requirieron la pena de seis años de prisión; y en los casos de Gerardo Omar Pacheco, Martín Leal y Ramiro Oscar Jouandon, se los consideró partícipes secundarios y solicitaron cuatro años de prisión.

En la misma audiencia, los abogados de los acusados solicitaron el cese de la prisión preventiva para sus defendidos, situación que se resolvió la semana pasada para tres de ellos.

Se trata de Martín Leal y Ramiro Oscar Jouandon, quienes se encontraban con el beneficio de la prisión domiciliaria, y para Gerardo Omar Pacheco, quien estaba detenido en la cárcel de Devoto del Complejo Penitenciario Federal; personas que recuperaron la libertad por resolución del TOF de la ciudad balnearia. Se trata precisamente de los tres hombres para quienes la parte acusatoria requirió penas de cuatro años, cuando ya llevaban tres años y siete meses detenidos.

En la instancia de alegatos del Ministerio Público Fiscal, sus representantes argumentaron que Pacheco, Leal y Jouandon se desempeñaban como punteros responsables de la venta minorista de la cocaína que les entregaba Paroli, quien se encuentra con arresto domiciliario. Mientras tanto, Pablo Cairo fue ubicado como el líder de la banda que habría operado en Olavarría entre agosto de 2014 y el 13 de noviembre de 2018, cuando los detuvieron.

Mientras tanto, a Marcos Cairo se lo ubicó como el encargado de ocultar y fraccionar, en tanto que Alejandro García oficiaba de nexo entre los líderes de la organización y Paroli. La banda comercializaba cocaína al menudeo a partir de un esquema de pedidos que recibían de manera telefónica, para luego pactar lugares de entrega.

Luego de la audiencia de alegatos pautada para hoy, se espera que el próximo viernes 24 de junio los jueces Roberto Falcone, Fernando Machado Pelloni y Nicolás Toselli revelen la sentencia.

El inicio de la investigación

Según quedó expuesto en la instancia inicial del juicio, gran parte del que se llevó adelante en modalidad remota, y en los alegatos de la parte acusatoria, la investigación que culminó con los siete olavarrienses detenidos dio inicio a partir de una denuncia anónima en la que se exponía que Pablo Cairo vendía estupefacientes.

A partir de las escuchas telefónicas llevadas adelante durante la primera parte de la investigación que estuvo a cargo del juez Martín Bava, del Juzgado Federal de Azul, se habría podido determinar el vínculo de cada uno de los imputados con la causa y el rol que cumplían en esta organización.

Pocas horas después de que fueran detenidos por parte de agentes de la Delegación de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de la ciudad de Azul, el Ministerio de Seguridad bonaerense difundió los resultados del operativo a través de las redes sociales y expuso que "vendían droga y el dinero recaudado lo blanqueaban con la compra de propiedades y vehículos".

Precisamente los hermanos Cairo, García, un martillero y un escribano local fueron involucrados en una causa paralela que también instruye el Juzgado Federal de Azul, por el delito de "lavado de activos".

A lo largo del proceso, luego de las detenciones, en varias oportunidades los defensores de los acusados expusieron fallas en los allanamientos que se llevaron adelante el 13 de noviembre. Una de las principales críticas apuntaba contra Lisandro Zanazzi, ex efectivo de la Policía bonaerense quien en febrero pasado fue detenido por el delito de "comercialización de estupefacientes". Los delitos habrían ocurrido en el año 2018, cuando se desempeñaba en la Delegación de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de la ciudad de Azul. Días atrás se conoció que la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó la prisión preventiva.