En el TOF de la ciudad balnearia, integrado por los jueces Roberto Falcone, Fernando Machado Pelloni y Nicolás Toselli, comenzó a juzgar ayer a siete personas acusadas de integrar una organización dedicada a la comercialización de cocaína, que operaba ante pedidos telefónicos de ocasionales clientes y distribuía la droga a modo de delivery o al menudeo en Olavarría. Están acusados del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

En el inicio del debate, el fiscal general Juan Manuel Pettigiani leyó la teoría del caso. De acuerdo a lo que pudo saber EL POPULAR, si bien la audiencia había sido programada para media mañana, recién comenzó pasado el mediodía, y además de las presentaciones de la fiscalía general, dos de los imputados accedieron a declarar. En el marco de la bimodalidad en la que se llevó adelante la audiencia, todos los imputados siguieron el juicio de manera virtual junto con los abogados que los patrocinal.

En el sitio oficial Fiscales.gob.ar se difundió ayer que, a partir de lo expuesto en la acusación fiscal, Pablo Rubén Cairo cumplió el rol de comandar la organización. Sobre la modalidad de la misma se indicó que Cairo, uno de los tres detenidos en cárceles federales, "dirigía un esquema en el que, a través de Alejandro Héctor García, se distribuía cocaína a diversos vendedores, quienes posteriormente realizaban la comercialización con otras personas que se comunicaban por mensaje de texto o WhatsApp, y mediante referencias encriptadas, pactaban los encuentros para entregar y recibir la droga".

Los presuntos vendedores, que fueron imputados y procesados, fueron Hugo Martín Paroli, Gerardo Omar Pacheco, Martín Leal y Ramiro Oscar Jouandon. En la misma línea se agregó que Marcos Aaron Cairo, hermano de Pablo, "habría cumplido funciones de ocultamiento y fraccionamiento del estupefaciente que luego era entregado a García, para continuar con la cadena ilícita".

El rol que cada uno de ellos cumplía en esta organización delictiva se desentrañará a lo largo de las audiencias que se retomarán en dos semanas. Se prevé así que se lleven adelante dos jornadas más en el mes de diciembre, y las audiencias luego se reiniciarían en febrero, luego de la feria judicial estival.

La modalidad delictiva

En el sitio web del Ministerio Público Fiscal de la Nación se refirió que en la requisitoria de elevación a juicio el fiscal a cargo de la instrucción de la causa, el doctor Santiago Eyherabide, describió –con especificaciones de tiempo, modo y lugar- múltiples momentos y episodios que resultan ilustrativos de los que constituyó una actividad constante a lo largo del período investigado.

La causa se inició en 2014 en la justicia provincial a raíz de una denuncia anónima realizada ante la línea telefónica de la Superintendencia de Drogas Ilícitas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. En aquel fuero se acumularon tres investigaciones preliminares donde estaban siendo investigadas las mismas personas por los mismos hechos.

Fue la conexión con otra investigación que tramitaba en la Fiscalía Federal de Azul que llevó al Juzgado de Garantías del fuero ordinario interviniente a declinar la competencia. La investigación cayó en manos de la Fiscalía Federal de Azul, que el 13 de noviembre de 2018 solicitó una docena de allanamientos y requisas de automóviles en Olavarría y uno en un domicilio de Azul, y en ese mismo megaoperativo fueron detenidos los siete olavarrienses que son juzgados actualmente.

Para el fiscal a cargo de la instrucción de la causa de las interceptaciones telefónicas dispuestas y el total del material probatorio se desprenden "conductas vinculadas con la comercialización de estupefacientes". De acuerdo siempre a la hipótesis del fiscal Eyherabide, la droga era adquirida en la Ciudad de Buenos Aires. Se refirió así que en un informe policial se indica que Pablo Cairo junto con Alejandro García habían viajado a ese destino por un lapso no mayor a 24 horas y siempre en horario de madrugada. "Este extremo resultó más llamativo, si se tiene en cuenta que ambos apagaban sus teléfonos celulares al momento de llegar a Buenos Aires, lo que bloquea un posible rastreo por medio de activaciones de celdas telefónicas", reparó el MPF.

El hallazgo de cocaína en los allanamientos de noviembre de 2018 "confirma el sentido de las conversaciones, contactos y conductas observadas a lo largo de la investigación". "Su cantidad y forma en que se encontraba acondicionada y ocultada, no resulta compatible con el consumo personal, ello sumado a los demás elementos colectados resultan prueba acabada de la operación investigada", indicó al reconstruir los hechos en la acusación.

"Acercame un repuesto"

En este contexto se detalló que una estrategia repetida a la hora de encriptar las consultas para la compra de cocaína, de acuerdo a la reconstrucción fiscal, fue la utilización del término "repuesto". Por ejemplo, se detectaron mensajes como "estoy esperando que me lleguen los repuestos, llamame en 20", o "yo estoy en el departamento, si vos podés acercame un repuesto".

Ante esta situación, el fiscal federal Eyherabide expresó: "Nadie ofrece algún ''repuesto'' de nada en su vida cotidiana. Los repuestos no son propios de una tienda de ropa o de una rotisería, ni de darle una mano al hermano en negocios o changas (como las actividades económicas a las que dijeron dedicarse los acusados o su grupo familiar). Qué podría ser el mentado repuesto del que sólo cabe mencionar su nombre sin decir qué clase de repuesto de qué aparato ni una marca, ni nada. En qué actividad alguien vende un solo objeto en especie, marca y calidad, de modo que sólo basta para coordinar transacciones con este término de clase. Tan único es que en ocasiones sólo hace falta hablar de cantidades de ese producto único, homogéneo. Más difícil de explicarse aún, qué clase de repuesto deja de venderse por número entero y se pasa a vender de a 1,5".